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El voto preferencial sería aplazado para las elecciones de 2024

SANTO DOMINGO.  En momentos en que actores políticos y electorales se han pronunciado sobre las dificultades extremas de aplicar el voto...

SANTO DOMINGO. En momentos en que actores políticos y electorales se han pronunciado sobre las dificultades extremas de aplicar el voto preferencial en las elecciones municipales del 2020, el Senado de la República estudia un proyecto que vendría a posponer para el año 2024 esa modalidad.
La iniciativa busca modificar la Ley 157-13, sobre el voto preferencial, para que en un artículo transitorio se disponga su aplicación en otro período electoral. La pieza se encuentra en estudio de la comisión permanente de desarrollo municipal y organizaciones no gubernamentales del Senado de la República.
El proyecto fue presentado por el senador Félix Bautista, quien argumentó que, si bien es cierto, el voto preferencial debería fortalecer el sistema democrático al garantizar mayor legitimidad a los candidatos electos, en la práctica se ha constituido en un ejercicio tendente a debilitar a los partidos políticos y su oferta electoral, pues se imponen los candidatos con mayor capacidad económica.
Sustentó en su propuesta que ya los órganos facultados para organizar y dirimir los asuntos electorales han dado la voz de alerta sobre las dificultades y las grandes complicaciones que significaría su implementación, en lo referente al personal, logística, presupuesto y organización.
“Que el objetivo de un proceso eleccionario es garantizar la intervención democrática y participativa de los ciudadanos en un clima de confianza, transparencia y aceptación de los posibles resultados que de él se deriven”, aduce el proyecto en uno de sus considerandos.
La propuesta fue depositada en la Secretaría General Legislativa el pasado 7 de febrero, y posteriormente remitida a estudio. Las comisiones disponen de hasta 30 días hábiles para realizar las gestiones que concluyan con una decisión.
Los órganos electorales han señalado que la aplicación de la legislación a nivel municipal obligaría a la JCE a confeccionar 450 tipos diferentes de boletas electorales y generaría más de 1,500 conflictos pasadas las elecciones del 2020.