Por Daygorod Fabián Sánchez El autor es educador y comunicador social, reside en Villa Vásquez La sinuosidad resulta evidente ...
Por Daygorod Fabián Sánchez
El autor es educador y comunicador social, reside en Villa Vásquez
La
sinuosidad resulta evidente a la hora de auscultar la naturaleza (generalmente dudosa)
de las fortunas de los exponentes partidarios, que ven en el ejercicio político
un puente para acumular patrimonios y exhibir niveles de promoción social,
basados en la pleitesía. Cuando el propósito es adquirir bienes muebles e
inmuebles, la distorsión en materia de opinión, es usada por esos actores como
un modo de confundir a la opinión crítica e investigativa, para que en lo
adelante sus hazañas tenga la categoría de vítores.
Estos
políticos buscan la senda de la holgura económica, bajo el pretexto de que
llegaron con dinero a la actividad partidaria, pero a la hora de examinar sus
cuentas monetarias y las propiedades que resultan de su peculio, notamos una
inmensidad bancaria que antes no existía forma de exponerla ante el público;
que facultado por la Constituyente Dominicana, tiene el derecho de saber la
procedencia u origen de las mismas. En tales casos acuden al laconismo, insulso,
en materia de respuestas ante las intimaciones y procuran establecer relaciones
de índole personal con jueces que aseguren niveles de impunidad.
Cuando
estos exponentes de la política son cuestionados pierden lo parsimonioso, pues
su costumbre es estructurada en lo complaciente, entrevistas pre-programadas,
preguntas flexibles, cuestionarios espinosos inexistentes y alabanzas reverenciales
continuas. La justicia y la opinión comprada generan un aire donde no son
cavilosos o preocupados estos manejadores de la cosa pública, ya que en su hoja
de ruta no tienen ninguna manifestación donde se les coloque en el banquillo de
los acusados para explicar el porqué de tantas adquisiciones a la hora de haber
llegado a puestos públicos o de elección popular.
Fuero
Parlamentario
Una
estrategia, que hasta ahora ha dado buenos resultados, es acudir a candidaturas
parlamentarias. El Senador o Diputado goza de fuero, en razón de que no puede
ser privado de su libertad, pues según la Carta Magna Dominicana del año 2010, externa
en su Artículo 86 lo siguiente:
“…ningún
Senador o Diputado podrá ser privado de su libertad durante la legislatura, sin
la autorización de la cámara a que pertenezca, salvo el caso de que sea
aprehendido en el momento de la comisión de un crimen.
Si
un legislador o legisladora hubiere sido arrestado, detenido o privado en cualquier
otra forma de su libertad, la cámara a que pertenece, esté en sesión o no, e
incluso uno de sus integrantes, podrá exigir su puesta en libertad por el
tiempo que dure la legislatura. A este efecto, el presidente del Senado o el de
la Cámara de Diputados, o un senador o diputado, según el caso, hará un
requerimiento al Procurador General de la República y, si fuese necesario, dará
la orden de libertad directamente, para lo cual podrá requerir y deberá serle
prestado todo el apoyo de la fuerza pública”
He
aquí una de las motivaciones que sirve de motor a las aspiraciones desmedidas política
y económicamente. Mientras más tiempo sea Senador o Diputado, mayor horizonte
de protección le arropará al individuo, el cual haciendo uso de sus poderes económicos
prácticamente compra el favor popular. Dicha compra es una inversión bien
remunerada, pues la red de conexiones que se han establecido para hacer
negocios y adquirir propiedades (por lo general terrenos) incrementan geométricamente
(elevando a la potencia) sus recursos.
Un error
La
proliferación de medios comunicacionales ha hecho de cada ciudadano un
reportero del instante o un opinador inmediato. Pero para fines de impacto mediático
lo importante no es lo que se dice sino quien lo dice. La incapacidad moral de
los que ejercen la comunicación colindante con los intereses de esos políticos (Senadores,
Diputados, etc…) hace que su mensaje –intento dañino para sus adversarios y
lisonjero para el amo económico – no tenga el efecto esperado y su imagen con
respecto a la valoración ciudadana se desplome día tras día.
Esos
legisladores - administradores de los recursos
del pueblo asientan un juicio erróneo de sus alternativas para sobrevivir al
cuestionamiento ciudadano. Se basan en que su cometido público puede ser exaltado
por las denominadas bocinas, para a su vez forjar un efecto reconstructor de su
efigie ante el soberano (el pueblo). Un grave error alejado de la realidad.-