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La falsificación de datos y documentos para conseguir una doble identidad en la República Dominicana es una de las debilidades que el sistema de Registro Civil no ha podido erradicar, que beneficia en especial a delincuentes.
El más reciente caso dado a conocer es el de Richard Miguel Gloss Ovalles y/o Richard Molina Ovalle, una persona que, según la Procuraduría era objeto de investigación por narcotráfico, y salió a relucir en la orden de interceptación telefónica de que fue objeto la jueza de la Suprema Corte de Justicia, Miriam Germán Brito. El hombre tenía dos declaraciones de nacimiento realizadas en 1972 y 1980, con cuyos documentos obtuvo cédulas de identidad y se manejó toda su vida.
La práctica de falsificación de datos en la República Dominicana, inclusive se llevó a la televisión. En un episodio de la serie de Netflix Billions se usa un acta de nacimiento dominicana falsa para alterar la edad de una persona.
En 2017, la Comisión de Cancelados e Inhabilitados de la Junta Central Electoral (JCE) detectó 873 suplantaciones de cédulas de identidad.
Según un informe de la Dirección Nacional de Registro Electoral de la JCE, del 2010 a enero del 2014 se produjeron 116,867 cancelaciones de cédulas, de las que 3,505 fueron por suplantación, 146 por suplantar a una persona fallecida y 1,455, por falsedad de datos.
Solo en 2013 se registraron 441 querellas por suplantación de identidad en actas de nacimiento. El entonces director de Inspectoría de la JCE, Juan Bautista Tavárez Gómez, informó que en siete años se produjeron aproximadamente más de 2,000 sometimientos a la justicia por suplantación o falsedad de datos.
El puertorriqueño José David Figueroa Agosto, quien fue el más buscando narcotraficante en el país, poseía cuatro cédulas y tres actas de nacimiento con nombres diferentes. Su concubina Leavy Nin Batista tenía un acta de nacimiento y una cédula "adicionales" a las propias, y con esos documentos logró salir del país.
Los hermanos de origen cubano y nacionalizados estadounidenses, Carlos, José y Luís Benítez, acusados de blanquear en el país más de US$110 millones que estafaron al Medicare, consiguieron cédulas, actas de nacimiento y pasaportes, con los que huyeron de la República Dominicana.
El 23 de marzo de 2010 Diario Libre publicó que “un prominente miembro del cártel de Cali, Héctor R. Espinosa, El Tío, logró evadir la justicia por años utilizando varias cédulas. El colombiano Luís A. Santacruz Echeverri, sindicado como miembro de la cúpula del cártel de Cali, apresado en septiembre del 2009, hizo residencia en el país obteniendo dos cédulas de identidad. El 19 de septiembre del 2009, fue arrestado el colombiano Guillermo de León Bedoya, a quien le ocuparon ocho identidades diferentes”.
Ese mismo año, el periódico El Día publicó que el extraditable Faustino Máximo Perozo, quien tenía cinco años prófugo, poseía doble cédula. En una se llamaba Faustino Máximo Perozo Vargas, nacido el 18 de noviembre de 1959 en Santo Domingo, y en otra Faustino José Perozo, nacido el 3 de febrero de 1962 en Valverde.
En 2010 la Armada de República Dominicana informó que unas 3,000 personas, entre las que estarían narcotraficantes y sicarios, fueron favorecidas con cédulas, residencias e identificaciones de instituciones castrenses falsas. En ese año, la Policía Nacional externó su preocupación por el alto número de presuntos delincuentes con dos cédulas.
Complicidad local y en el extranjero
En 2007 el periódico Hoy publicó que, de acuerdo a un informe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), desde las oficinas de la JCE en Nueva York, un funcionario en combinación con otro de la sede central en Santo Domingo “se dedicaban a suplantar la identidad de narcos dominicanos y extranjeros (colombianos)”, aprovechando el acceso que tenía el primero al archivo maestro de cedulados.
El diario publicó también que otra empleada del Registro Civil vendía varios discos compactos del padrón electoral a desconocidos “en el sur lejano”; y que en San Juan “un prestigioso abogado de Santo Domingo, con apoyo económico del exterior a través de tres ONG radicadas en el país”, gestionaba actas a ciudadanos indocumentados.
También en 2007, el entonces fiscal del Distrito Nacional, José Hernández Peguero, reveló que fue víctima de suplantación de identidad al un extraditable aparecer con una foto insertada en su cédula de identidad y electoral. Aseguró que el caso no era exclusivo de documentos de identidad, sino de títulos de propiedad.
Ese año la JCE entregó a la justicia más de 500 cédulas falsas y suplantadas, y centenares de actas de nacimientos ilegítimas, y canceló y sustituyó a 30 funcionarios y empleados de los departamentos de Registro Civil, Electoral y Cedulación, como parte de las acciones para desmantelar una mafia que operaba desde hace décadas en su propio seno.
Un informe que entregó el DNI a la JCE indicó que delincuentes ligados al narcotráfico y el tráfico de ilegales han utilizado por años el libro de defunciones para "declarar" extranjeros indocumentados y a delincuentes en lugar de fallecidos. Con estas documentaciones primarias obtenían ilegalmente las actas de nacimiento en las oficialías.
En 2006, la Policía Internacional (Interpol) alertó a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) sobre individuos con orden de captura internacional acusados de tráfico de drogas, robo, falsificación y asesinato que lograban ingresar a la República Dominicana, y sus nombres desaparecían.
Según publicó Diario Libre el 28 de septiembre de 2006, uno de esos casos correspondía al dominicano, nacionalizado norteamericano, David Tavárez, acusado de asesinato en el estado de Rhode Island, que ingresó al país y se había escabullido usando el nombre de Danilo Antonio Almonte.
En ese año también se arrestó a William Michel Koster, que tenía documentos como Alexis González; Rolando Valencia, que tenía cédula y pasaporte como Néstor Vásquez; René Colón, con documentos como Chistine Marie Rodríguez, y David Alba que logró documentos de identificación como Omar González.
