WASHINGTON DC - La secretaria de Seguridad Nacional Janet Napolitano planea anunciar la medida, de aplicación inmediata y que amplía ...
WASHINGTON
DC - La secretaria de Seguridad Nacional Janet Napolitano planea
anunciar la medida, de aplicación inmediata y que amplía drásticamente
su discreción migratoria, que busca evitar que los despachos migratorios
gasten tiempo y recursos deportando a personas que representan riesgo
mínimo a la seguridad pública.
El
anuncio ocurre días después de que activistas a favor del Dream Act
anunciaran planes de tomar oficinas de campaña del presidente Barack
Obama para presionarlo a emitir una orden ejecutiva que detenga las
deportaciones, mientras el mandatario corteja activamente el voto
hispano, crucial en varios estados, en su búsqueda de la reelección en
noviembre.
Los
beneficiarios de esta medida necesitan haber ingresado a Estados Unidos
cuando eran menores de 16 años, haber residido de manera continua en el
país durante los últimos cinco años, encontrarse actualmente en su
territorio y cursar estudios actualmente, haber culminado la educación
secundaria, obtenido un certificado de educación general (GED por sus
siglas en inglés) o haber servido en las Fuerzas Armadas y la Guardia
Costera.
También
necesitan no haber sido sentenciados por delitos mayores, por faltas
menores importantes, ni representar amenaza alguna a la seguridad
pública.
Los
requisitos coinciden con los estipulados en el proyecto de ley del Drem
Act, aprobado por la cámara baja en 2010 pero que no obtuvo los votos
necesarios en el Senado y que buscaba beneficiar a un grupo de personas
con esas características. Sin embargo, funcionarios del gobierno
estadounidense que hablaron con The Associated Press a condición de
mantener el anonimato, dejaron claro que el beneficio administrativo
anunciado el viernes será otorgado tras evaluar a cada solicitud por
separado.
"La
suspensión de la deportación es temporal, es un beneficio por dos años y
renovable, pero no es una solución permanente", dijo una de las
fuentes. "Para que haya una solución permanente, el Congreso necesita
actuar. Así que el gobierno seguirá empujando para lograr la aprobación
del Dream Act y de una reforma migratoria integral" que resuelva la
situación de 11 millones de inmigrantes que residen en Estados Unidos
sin la debida documentación.
Los
beneficiados por la medida quedarían en una situación similar a
aquellos amparados en el TPS porque podrán obtener permisos de trabajo
renovables cada dos años, pero la diferencia jurídica fundamental es que
el TPS es un estatus migratorio especial concedido por el Congreso
estadounidense a ciudadanos de países que hayan sufrido desgracias
naturales.
Organizaciones
pro inmigrantes y de la comunidad hispana han criticado a Obama no sólo
por incumplir su promesa de lograr una reforma migratoria integral,
sino por haber deportado una cifra sin precedentes de casi 400 mil
personas en 2010 y 2011.
Mientras
Obama reiteraba sus acusaciones de que la bancada republicana en el
congreso obstruye cualquier intento de lograr una reforma migratoria,
las autoridades migratorias han adoptado varias medidas administrativas
en un intento por limitar las deportaciones a criminales y personas que
reingresan ilegalmente a Estados Unidos.
Numerosos
republicanos se han opuesto a cualquier reforma migratoria, incluyendo
el Dream Act, porque lo consideran una amnistía a personas que violaron
las leyes estadounidenses. El aspirante republicano Mitt Romney ha dicho
que vetaría el Dream Act de llegar a la Casa Blanca.
Al
preguntarle si el anuncio de esta medida está relacionado con los
esfuerzos de Obama para captar el voto hispano, el funcionario dijo que
el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés)
"cada vez que toma un paso, ha evaluado el impacto de ese paso en
reducir las probabilidades de que personas de bajo riesgo (a la
seguridad pública) vayan a ser deportadas".
"Y
sobre la base de ese análisis toma un siguiente paso. Ahora tenemos más
información sobre los resultados de la revisión de casos por casos y
tras ese análisis DHS ha adoptado este nuevo paso", dijo el funcionario
sobre la revisión de 300 mil casos migratorios que DHS inició el año
pasado para excluir a personas sin antecedentes criminales de procesos
de deportación.
Los
latinos representaron más de 7 por ciento de los votantes en la
elección presidencial de 2008, según el Pew Hispanic Center, y su
presencia es aún mayor en Nevada, Nuevo México, Colorado y Florida.