Por: Lic. F. A. Peña Sabés El Atalaya de la Frontera Es la expresión con la que podríamos calificar las actuaciones d...
Por: Lic. F. A. Peña Sabés
El Atalaya de la Frontera
Es la expresión con la que
podríamos calificar las actuaciones de dos fiscales en las últimas horas en la República Dominicana,
siendo Montecristi, una de las jurisdicciones donde ha ocurrido la primera de
ellas. Se trata del presunto acto, atribuido a la Fiscalizadora del
municipio de Villa Vásquez, que por
demás sería abusivo, vejatorio y degradante, consistente en supuestamente haber
permitido colocarle en la cabeza a un ciudadano dominicano, varias bolsas
plásticas (o fundas), no se sabe aún con cuál fin, toda vez que no se espera de
una Fiscal que ha aprobado un procedimiento de formación en la Escuela Nacional
del Ministerio Público y que tenga un ápice de sentido común, una actuación que
colide de manera tan alarmante con el debido proceso y los derechos
fundamentales consagrados en nuestra Constitución y en los convenios y tratados
internacionales de los cuales nuestro país es signatario.
El otro caso es más reciente y se
trata del hecho concreto en el que la
Fiscal del Distrito Nacional mandó a buscar preso con miembros de la Policía Nacional
a un congresista (diputado) quien se encontraba en plena sesión de trabajo ante
la cámara baja de nuestra nación, cosa ésta que es contraproducente a todas
luces, ya que hasta los recién nacidos conocen que mientras esté abierta una
legislatura, es imposible aprehender a un congresista sin que éste motu proprio
se despoje de la inmunidad que reviste el cargo que ostenta (y que sea fuera
del Congreso Nacional), o que la Cámara a la cual pertenece,
una vez reunida al efecto, le despoje de ese privilegio y éste quede al albur
de sus persecutores.
Señores,
no son buenas las señales que están dando estas féminas fiscales a las que hemos
hecho referencia; son actuaciones que denotan cierto exceso de poder y
desconocimiento de la ley; ojalá que el Distinguido Magistrado Procurador
General de la República
tome cartas en el asunto y pueda orientar a todos los fiscales de la nación en
el sentido de hacer un ejercicio de sus funciones de manera transparente,
ajustadas al debido proceso y a la Constitución dominicana, para evitar la
propensión de otros miembros del ministerio público a intoxicarse de poder y peor aún, que sigan resultando
maltratados y abusados los ciudadanos de nuestro país
