Por Daygorod Fabián Sánchez
El Autor es Educador y Comunicador Social de Villa Vásquez
Personalmente trato de que mis ideas y
pensamientos no sean lábiles a la hora de entrar en terrenos de fragilidad
argumental. Para lograr este propósito me empleo a fondo en la lectura y el
significado de cada palabra (al estilo filología). Siempre es provechoso, no
importando el litoral, analizar los escritos de los anticuarios en diversas
áreas del saber, aunque no se esté de acuerdo por completo con lo articulado o
escrito.
En este caso sería nodal de mi parte
no entender ni estructurar como parte de mis acostumbrados artículos un escrito
redactado por el Dr. Santiago Caba, especialista en derecho y renombrado
dirigente político de la Provincia de Montecristi. Dicho escrito esgrime lo
relacionado al nuevo escándalo que sacude la opinión pública, colindante con la
JCE. Lógicamente el ilícito fue efectuado en la gestión de Roberto Rosario. Los
famosos escáneres que manejaron el
conteo de los votos; ahora son materia – otra vez- de argumentaciones generalmente en contra.
Pero resulta todavía más impactante
saber que la JCE no fue quien manejo el escrutinio de los sufragios a favor de
los distintos candidatos, de los diversos partidos y agrupaciones políticas,
sino la empresa Indra Sistemas; lo que coloca entre dicho el papel del órgano –
arbitro de los procesos electorales dominicanos. No obstante ese hecho, donde
los partidos opositores lograron representatividad no se presenta quejas con
respecto al proceso.
A continuación el escrito del Dr. Caba…
Ahora tocó a la Junta Central
Electoral que sirvió de árbitro el proceso electoral recién pasado, donde
resultaron electas las actuales autoridades, ser el foco de atención del nuevo
escándalo de corrupción que ocupa la atención del pueblo Dominicano.
Se trata de la inversión hecha por
dicha entidad pública para la adquisición de los equipos tecnológicos que
servirían para leer y escanear las actas de las diferentes mesas electorales
del país, cuyos equipos no pudieron usarse y ahora se informa que éstos
no sirvieron, ni sirven, lo que significa que los 40 millones de dólares invertidos
fueron una estafa al Estado.
Parece que esos instrumentos
inservibles, consideradas herramientas vitales del proceso electoral pasado,
fue parte de la estrategia mafiosa que montó la reelección del presidente
Danilo Medina que empujara Odebrecht para posteriormente recibir su pago
mediante la asignación y sobrevaluaciones de obras del estado dominicano que
pagamos todos.
De lo que se trata ahora es saber sí
esa maniobra mafiosa fue determinante en los resultados electorales, porque de
ser así tenemos autoridades ejerciendo poderes públicos de manera ilegítimas en
todos los niveles, obviamente que es cuando se entiende la cantidad de votos
que obtuvieron algunos candidatos cuyas actas nunca pudieron cuadrarse y
algunas nunca tampoco se conocieron. En fin debieran investigarse estos hechos
y sentar procedentes para que nuestra frágil democracia no perezca en manos de
un partido creado por el Maestro Bosch.
Todo acto ejercido por autoridad que
usurpa poder es nulo conforme el Artículo 73 de la Constitución Dominicana.
