Como parte de las pruebas presentadas por Víctor Díaz Rúa para demostrarle al juez especial Francisco Ortega que la acusación del Mini...
Como parte de las pruebas presentadas por
Víctor Díaz Rúa para demostrarle al juez especial Francisco Ortega que la
acusación del Ministerio Público en su contra es “sesgada”, puso sobre la mesa
documentos que evidenciarían que el actual ministro de Obras Públicas, Gonzalo
Castillo, ha ejecutado y pagado obras sin ningún respaldo contractual, y
firmado adendas que han incrementado el costo de otras.
En el caso de la Autopista del Coral, la defensa del imputado afirmó que la
suscripción de adendas al contrato de la obra también las hizo Castillo.
Mostró documentos suministrados que certifican que en la gestión de Castillo en
la Autopista del Coral se han ejecutado y pagado obras sin ningún respaldo
contractual por US105,567,936”.
El abogado Ramón Núñez indicó que el 31 de agosto del 2015 Castillo firmó una
adenda por valor de US$104,720,903.07 con el Consorcio Norberto Odebrecht, S.A.
y Sinercon, S.A, para la carretera Bávaro-Uvero Alto-Miches-Sabana de la Mar y
la construcción de una terminal portuaria en Sabana de la Mar, obra ésta que
dijo, “había sido licitada y ejecutada en más del 50% por Díaz Rúa”.
Núñez también presentó el estado económico de fiscalización y relación de
desembolsos de dicha obra, de fecha 27 de julio de 2007.
Otros incrementos. Informó que esta obra también fue licitada durante la
gestión de Díaz Rúa, pero que el actual ministro de Obras Públicas firmó el 26
de octubre del 2016 el Addéndum 1, por un valor de US$72,647,946.82 con el
Consorcio Cibao- Sur, integrado por Constructora Norberto Odebrecht, S.A. y
Constructora Rizek & Asociados, S.R.L.
Sobre el costo de la ampliación de la carretera San Pedro de Macorís-La Romana,
que la propia Procuraduría General dice fue elevado a US$104,335,460.00, la
defensa de Díaz Rúa afirmó que esta obra fue contratada directamente por la
gestión de Castillo con Odebrecht al amparo de las disposiciones excepcionales
de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, por la suma de US82,190,785.61,
para un incremento de US$22,164,675.00.
Aclaraciones de Vasconcelos. La defensa de Díaz Rúa resaltó que de los seis
delatores que incluye el MP en la acusación, tres no mencionan al imputado, y
de los que, si lo hacen, uno aclara.
Los tres que no dicen nada son Ernesto Sa Viera Baiardi, Marcelo Hofke y Luis
Antonio Mameri; los que sí lo hacen son Marcelo Vasconcelos Cruz, Luis Eduardo
Da Rocha Soares y Hilberto Mascarenhas Alves da Silva.
En
su relato, Vasconcelos Cruz dice que los contratos firmados por Odebrecht con
Rondón como portador de servicios de locación de equipos, subcontratista de
obras civiles y socio, a través de la empresa CONAMSA, “eran reales y todos los
pagos contabilizados debidamente”.
Sin embargo, agrega que cuando Rondón actuó como consultor de los contratos
firmados con el Gobierno, el valor del Fee (abono fijo) a éste “consideraba los
costos que serían por él incurrido, incluso, posibles valores indefinidos a
funcionarios públicos que actuasen a favor de la Compañía (Odebrecht)”.
No obstante, el delator 54 agrega que: “Cabe aclarar en este particular, que a
pesar de que yo haya jamás realizado cualquier pago indebido a los funcionarios
públicos y tampoco lo haya presenciado, yo asumí el riesgo de que tales pagos
fueron hechos para beneficiar indebidamente la COMPAÑÍA. Yo no dispongo de
evidencia que ilustre los pagos indebidos, pero puedo decir que 3 elementos me
han hecho pensar que estos acuerdos el pago del Fee a Ángel para que alcance un
resultado”: la obra, financiamiento y liberación de pagos; informaciones sobre
la evolución de los pleitos de la COMPAÑÍA en diversos órganos público, y el
efectivo éxito para el cual Rondón había sido contratado”.
