Santo Domingo Las autoridades judiciales autorizaron la intervención de unos 17,637 teléfonos en procesos de investigaciones de ...
Las autoridades judiciales autorizaron la intervención de unos
17,637 teléfonos en procesos de investigaciones de los distintos casos
manejados por el Ministerio Público entre los años 2017 y 2018.
Este dato sale a relucir en
medio del escándalo suscitado la semana pasada por el espionaje develado contra
la presidenta de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, Miriam
Germán Brito.
El año pasado los juzgados de
instrucción y oficinas de Atención Permanente de las jurisdicciones del
Distrito Nacional y de los municipios Santo Domingo Este y Oeste conocieron
12,889 solicitudes de interceptación telefónica, de las cuales aprobaron 12,754
y rechazaron 135, según estadísticas de la Dirección de Ética Judicial y
Transparencia del Poder Judicial.
Mientras en el 2017 las
solicitudes para intervenciones fueron de 5,178. Los tribunales aprobaron 4,883
y rechazaron 295.
De acuerdo con las
informaciones suministradas a Listín Diario por el Poder Judicial, las
solicitudes y aprobación de interceptaciones de teléfonos se triplicaron de
2017 a 2018. En estos dos años suman 18,067 las solicitudes hechas por el
Ministerio Público en el Distrito Nacional y la Provincia Santo
Domingo.
El escándalo
Las intervenciones
telefónicas saltaron a los primeros planos de la opinión pública después de que
el Inspector del Ministerio Público, Bolívar Sánchez, admitiera públicamente
que solicitó que fuera intervenido el teléfono de la jueza de la Suprema Corte
de Justicia, Miriam Germán Brito.
Este hecho ha levantado las
sospechas, entre diversos sectores de la sociedad, de que se podría estar
frente a un escandaloso caso de espionaje, a través de las escuchas telefónicas
ilegales.
En lo que va de año, sólo en
el Distrito Nacional y el municipio de Santo Domingo Oeste, jueces de ambas
jurisdicciones han autorizado, a petición del Ministerio Público, 1,360
intervenciones telefónicas. El año pasado, solo el juez José Alejandro Vargas,
de Atención Permanente del Distrito Nacional y coordinador de los juzgados de
la Instrucción esa jurisdicción, autorizó que fueran intervenidos 2,520
teléfonos de personas que son investigadas sobre distintos hechos delictivos.
La intervención del teléfono
de la magistrada Germán Brito se cuenta entre ese grupo que fue solicitada por
el Ministerio Público y autorizada por una jueza de la instrucción de Santo
Domingo Oeste, el 24 de noviembre de 2018.
Ante el escándalo, el
inspector general del ministerio público, Bolívar Sánchez, aunque admitió la
solicitud de la interceptación del teléfono en cuestión, dijo que desconocía
que se tratara del número de la magistrada Germán Brito y que no llegó a
ejecutarla.
Los jueces de instrucción
llevan un libro de registro de todas las solicitudes presentadas a su
consideración, indicando la fecha y hora en que fueron recibidas, el número de
la solicitud y el nombre del representante del ministerio público que la
presenta.
La copia de la solicitud y de
la decisión del juez se entregará al fiscal. Si se autoriza la
interceptación, se entregará al fiscal el original sellado de la orden judicial
que se remitirá a la compañía prestadora de servicio de telecomunicaciones, con
copias para el fiscal.
En el mismo momento en que se
autorice la medida de interceptación, el juez establecerá dos fechas con no más
de 20 días de intervalo, para que el fiscal presente al juez un
informe sobre el avance en el cumplimiento de la misma.
La omisión por el fiscal de
la presentación de este informe verbal o escrito, o si sus explicaciones no
fueron satisfactorias para el juez, podrán ser motivo suficiente para revocar
la autorización y ordenarle a la compañía prestadora del servicio de
telecomunicaciones que suspenda su ejecución.
El resultado final de las
grabaciones deberá tener como único objetivo la sustanciación del procedimiento
judicial que impulse el fiscal en contra de la persona a quien va dirigida la
interceptación de su voz, data o imagen, grabaciones que deberán ser conocidas
por la persona que ha sido objeto de ellas para organizar sus medios de
defensa.
CLAVES
Criminalidad.
La intervención telefónica
autorizada por un juez es uno de los medios de investigación de mayor impacto
contra la criminalidad en el país.
Medio probatorio.
Con esto se pretende
investigar la presunta comisión de un delito y a sus perpetradores, pudiendo
ser utilizadas las escuchas telefónicas como medio probatorio.
Los nombres falsos
han sido recurrentes
Las interceptaciones
telefónicas con nombres falsos han sido recurrentes en el discurrir de los
años.
El 9 de mayo del 2008, el
Partido Revolucionario Dominicano (PRD) denunció que el entonces juez de la
Instrucción, Francisco Valera, estaría autorizando la intervención de llamadas
telefónicas a los dirigentes de la oposición con nombres falsos presentados por
la Fiscalía de la provincia de Santo Domingo.
En ese entonces, el
expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, había informado
que ese organismo estaba dispuesto a hacer una investigación en torno a la
denuncia formulada por el PRD, en el sentido de que el juez autorizó la intervención
telefónica de altos dirigentes de esa organización política.
El entonces y actual
presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán,
externó en esa ocasión que quienes han denunciado que sus teléfonos estaban
intervenidos debían presentar una querella por ante la Fiscalía, porque se
trata de un delito que corresponde juzgar a la justicia.
Presidente Suprema
abordará caso Miriam
El presidente de la Suprema
Corte de Justicia dijo ayer que llevará ante la sección del Consejo Nacional de
la Magistratura (CNM) el caso de la jueza Miriam Germán Brito y el procurador
general de la República, Jean Rodríguez.
Mariano Germán Mejía, también
presidente del Consejo del Poder Judicial (CPJ), sostuvo que en esa sección del
28 de este mes, emitirá su posición al respecto, al tiempo de lamentar el
incidente ocurrido en torno a la magistrada de esa alta corte.
Aclaró que no ha emitido
ningún criterio ni fijado posición sobre el tema públicamente porque lo hará en
la venidera reunión del Consejo, ya que es respetuoso de la institucionalidad.
Señaló que desde el 22 de
diciembre del 2011, cuando fue electo presidente del organismo, se ha propuesto
y trabajado respetando la institucionalidad.
El magistrado Germán Mejía
dijo que frente a cualquier debate o sugerencia en la que deba intervenir, se
limita a hacerlo solo a lo interno de los organismos correspondientes.