La RD es uno de los pocos países donde se compran y se venden encuestas de opinión y sondeos como si fuera un negocio pero además se m...
La RD es uno de los pocos países donde se compran y se venden encuestas de opinión y sondeos como si fuera un negocio pero además se manipulan sus resultados de forma deliberada y asqueante con el fin de posicionar a grupos políticos en complicidad con encuestadoras que cambian su silencio por dinero.
Cualquiera que vea los resultados de las encuestas que pagó el gobierno del PLD y la FP de Leonel en las primarias y la que están pagando frente a las elecciones regionales y presidenciales del 2020 se da cuentas de como la diferencias abismales de las primeras terminaron empatadas y de cómo las encuestas mienten en las predicciones de que todos ganan en la primera vuelta.
La vulneración de estos estudios se sigue haciendo por la falta de institucionalidad electoral y la poca regulación que tienen las encuestas en la ley. Tenemos una JCE que no investiga nada, que no le hace caso a las denuncias, que busca consenso y hace otra cosa y que no les importa la manipulación de las encuestas.
Ahora bien, no solo se manipulan los resultados sino también la muestra. Pero quien manipula las encuestas no es la encuestadora pues esta solo hace la encuesta y la entrega sino el contratante que es quien someten la muestra y publica los resultados. Hay manipulación cuando la muestra es cerrada y quien la paga gana.
La mayoría de las 33 empresas registradas en la JCE para realizar encuestas son proveedoras de maletín pues la junta todavía no ha dispuesto una investigación de sus registros mercantiles. Y de la minoría que queda el 90% está vinculada a un partido político, a empresarios políticos o al gobierno lo que cercena su credibilidad.
Con ese panorama es difícil creer en los resultados de una encuesta. Las encuestas en el PRM acertaron en la ventaja de Abinader sobre Hipólito porque no había pugnas empresariales ni de los bandos políticos. Pero las primarias del PLD abrieron una grieta profunda a la credibilidad de la misma al fracasar sus resultados.
Para acabar con el relajo de las encuestas y los sondeos rápidos a fin de dar más credibilidad a este valioso método científico de predicciones electorales y coadyuvar con la certidumbre y la transparencia es necesario que la JCE haga un reglamento para regularla y cuente con recursos humanos y con la capacidad técnica para dar seguimiento a las encuestas conforme a las normas.
Para fortalecer este mecanismo, las encuestadoras deben registrarse en la JCE como establece la ley pero para publicar los resultados debe solicitarse una autorización a la JCE quien después de analizar y evaluar el estudio según los requisitos del artículo 200 de la ley 15-19 tendra la facultad de autorizarla o no.
La publicación de la encuesta o sondeos debe indicar la persona física o moral que patrocina el estudio. La población escogida. El método utilizado, si fue cara a cara, por teléfono o por la vía del internet. El tamaño de la muestra. La fecha. Y la firma de los titulares de la JCE.
Otra medida positiva es que tanto la empresa contratante como la encuestadora contratada deben entregar a la JCE copias del contrato firmado para realizar la encuesta de opinión o el sondeo donde figuren la propuesta económica y el costo de investigación.
Los sondeos rápidos deben prohibirse pero algunos se usan para violar la ley pero mientras se sigan aceptando. Deben entregarse de formas oportuna. Evaluarse y autorizarse a la mayor brevedad. Y desde luego que sean publicados 3 horas después de cerrarse los colegios electorales según la ley.
Solo cuando la JCE empiece a regular las encuestas y a castigar las bellaquerías de sus actores sean políticos o empresarios, los resultados serán más creíbles y transparentes. Incumplir con este deber, es fomentar el desorden y la falta de institucionalidad.
Sin embargo, como estamos ante una JCE parcializada, que no les importa la compra del voto, que le da lo mismo que el gobierno y sus funcionarios hagan campaña electoral, que le da igual que usen los recursos públicos, y que le da tres pitos las denuncias de fraude.
Cabe preguntarnos y respondernos al mismo tiempo ¿Puede esta JCE regular y transparentar las encuestas? No lo creo. Y cuidado si su parcialidad no termina por destruir los sondeos a boca de urnas permitiendo resultados que favorecen al gobierno antes de cerrarse los colegios electorales que nos podrían llevar a la violencia y al caos.
