Por Santiago Rafael Caba Abreu. 

En el umbral de la estructura del Estado se desarrolla toda una burocracia para ejecutar las tareas de buena administración de los fondos públicos, cuyo organigrama organizativo descansa en las disposiciones constitucionales que regulan el sistema político que adopta cada pueblo.

El sistema de la República Dominicana, se concibe en una democracia presidencialista representativa que promueve la alternancia de la administración pública, cuyo poder soberano de elección se le atribuye al ejercicio soberano de los ciudadanos mediante el voto directo cada 4 años.

En esa tesitura, durante los últimos 5 lustros el Poder político del Estado Dominicano lo ha ejercido el Partido de la Liberación Dominicana, el cual procura obtener nueva vez la aprobación popular en las elecciones generales a celebrarse el 16 de mayo de este año 2020 para continuar al frente de la administración pública. Sin embargo, todos sabemos que esa organización política sufrió una escisión a causa de la salida del Dr. Leonel Fernández, lo que obviamente plantea una gran dificultad en el propósito de continuar en el poder.

El desarrollo del proselitismo de campaña del PLD nos dice que allí se hacen muchos esfuerzos para ocultar su realidad estructural, organizativa y de remedios internos, pero parece imposible lograrlo. Se sabe de reuniones del Buró político que producen  discusiones y estrategias, las que acrecientan de manera más profusa sus preocupaciones. Ahora enfilaron los cañones hacia la militancia de la base, se les requiere activarse, participar en las actividades, constituir grupos de trabajo por mesas electorales, etcétera,  y como los resultados de sus esfuerzos van de mal en peor, ahora utilizan el mecanismo de la intimidación a los empleados públicos para que se integren a la campaña oficialista, bajo la amenaza de desvincularlos de las nóminas públicas sí no obtemperan.

Tal es la preocupación o susto que tiene el Partido de gobierno, que ya no disimulan, ni observan las formas, ni guardan las apariencias, y llegan al extremo de imponer la censura comunicacional utilizando la plataforma de publicidad del Estado contra todo periodista o hacedor de opinión que desafía la hegemonía del Poder.  Radio Montecristi,  por ejemplo, cuya historia se vincula a una cultura de tolerancia política, hoy cierra sus micrófonos a todo periodista o comunicador contestario, crítico o desafecto  al gobierno y sus candidatos.

El comportamiento que se describe preferentemente por parte del gobierno y su partido, constituye un acto de trato diferente y perjudicial que se da a una persona por motivos de raza, sexo, ideas políticas, religión, etc., que se califica como una discriminación,  principio del derecho fundamental contenido en las convenciones asumidas por el Estado Dominicano y derecho del bloque de constitucionalidad en nuestro país, pero cuya tutela pertenece a los órganos jurisdiccionales creados al efecto, los cuales se encierran permeados por el Poder político ya referido en manos de Danilo Medina. 

La lista de personas que están en las diferentes nóminas de las instituciones públicas que han recibido amenazas de cancelaciones en la Provincia de Montecristi es interminable, lo que lejos de constituir una herramienta de recomposición en el posicionamiento de los candidatos de la alianza PLD-PRD podría convertirse en un arma que tras ser lanzada, si no impacta en el objetivo, regresará a su punto de origen, dando en el corazón sus posibilidades electorales.

En fin, creo que la ausencia de un liderazgo carismático y entusiasta en el PLD produce estrategias que se sostienen en la improvisación y la fuerza, aunque ya la pretencion de reelección fue derrotada y la adhesión al candidato presidencial Gonzalo Castillo no se logrará por la forzosamente, razón por la que las cancelaciones y amenazas de los empleados públicos lo que expresa es miedo, nerviosismo, desesperación y espanto por el cambio que se vislumbra en las elecciones del año 2020.

Buenas tardes.