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Abogados coinciden en que audiencias virtuales “son un desastre en materia penal”

SANTO DOMINGO.- Abogados de distintas provincias coincidieron este jueves en afirmar que las audiencias virtuales son “un verdadero desa...

SANTO DOMINGO.- Abogados de distintas provincias coincidieron este jueves en afirmar que las audiencias virtuales son “un verdadero desastre en materia penal”.

La situación fue definida por el presidente del Colegio de Abogados, el doctor Miguel Surun Hernández, de “grotesca violación a la tutela judicial, el desbordamiento de las resoluciones emanadas del Consejo del Poder Judicial, violación de derechos humanos, obligando a que se conozcan juicios de fondo de manera virtual”.

Dicha afirmación está sustentada en la idea generalizada de los togados, presididos por Hernández, de que las audiencias virtuales representan la vulneración de la tutela judicial, la usurpación de funciones y la violación flagrante al derecho de defensa. Los abogados consideraron que es una situación que debe esclarecer y resolver el Consejo del Poder Judicial, debido, a lo infuncional que resultan dichas audiencias.

Hernández, quien participó en un foro sobre la “realidad de la audiencia virtual”, organizado por el abogado Angel Lockward,en el que además participaron los doctores Sergio Amarante, Isabel Cordero, Ramona Gallurd, Lucia Martínez, Carlos Escanlante, Cándido Simón, Andrea Rodríguez, Carlos Divan, Raysa Lora, Jeniffer Guerrero, entre otros, denunció que “Todos los juzgados de Paz están cerrados”.

El abogado Norberto Rodríguez, por su lado, informó de que “El sistema judicial en La Romana está cerrado, solo se conocen las medidas de coerción y es por la vía telemática y no está funcionando de la manera correcta, aunque fue conformado un grupo para que los abogados puedan tener acceso a las audiencias, ha sido un fracaso. Todo está paralizado, es un caos a nivel de justicia en la Romana”.

Afirmó además que el principio de celeridad y eficacia no se cumple actualmente.

En tanto, el abogado Cándido Simón informó de que el reclamo de los abogados del área penal es que las audiencias sean presenciales, destacando que el Consejo del Poder Judicial dio apertura a un proyecto “pero lo implementó de bruces y nos agarró de sorpresa de tal manera que si bien el CPJ tiene una plataforma con un personal que funciona para ellos , eso no existe para los demás tribunales del país”.

Simón dijo que los abogados no tienen herramientas para trabajar de manera virtual, y citó un ejemplo: Para participar en las audiencias en Monte Plata, hay que trasladarse allá, aunque sea virtual, y usar el celular de un cabo, que tiene internet para accesar a la audiencia, los imputados no son trasladados para escuchar los debates. El abogado señaló que cuando se acaban los paqueticos de internet del celular hay que suspender la audiencia.

Tanto en las Terrenas y Samaná, se operan desde el edificio de La Policía mientras que el sistema de justicia en Pedernales está cerrado, denunció Simón, quien afirmó “es materialmente imposible que el Sistema de Justicia Penal se realice virtualmente en su totalidad, porque para desarrollar una medida de coerción, una acusación por la vía virtual, es “traumático”.
Al referirse de la justicia administrativa, derecho privado, laboral, se pueda habilitar mejor por vía virtual, pero en justicia penal eso es traumático.

Ante los planteamientos el doctor Angel Lockward, califica de grave la situación, debido a que “el país lleva cinco meses sin aplicación real de justicia”.
“Como se puede tener una prueba en las manos y no se pueda analizarla en detalles , porque esta siendo presentada de manera virtual, no se puede saber si es parte del expediente”, sostuvo por su parte Ramona Gullard.

“Vino el estado de emergencia y se aprovechó para poner en vigencia el sistema virtual, sin investigar si los abogados tenían interconexión en sus oficinas. “Esto es un desastre en materia penal”, recalcó el abogado Carlos Escalante, quien además sostuvo que la justicia tiene que ser efectiva, el proyecto de la virtualidad se puede implementar, pero con otros métodos, no de manera total.

Cito “el grave caso de que muchas veces quienes evalúan no son abogados, sino técnicos o personal contratado por el Poder Judicial, ¿ante esa situación que garantías tenemos los abogados que se le dará la rapidez a los expedientes que se presenten? Además, denunció el gran “entaponamiento de expedientes” en las diferentes unidades.

“El virus, no quiere decir que el miedo nos gane la guerra, el tema virtual todavía es temprano para ejercer en justicia, porque se hace muy difícil, muchos casos se van a fallar por ese sistema, eso según nuestra Constitución viola los derechos de los ciudadanos a su verdadera defensa cuando hay muchos juicios que son oral y contradictorios. Planteo su preocupación es la elaboración de leyes, en la cual los abogados no estamos debidamente informados”, sostuvo Isabel Cordero.

También coincidieron en afirmar los abogados que los togados aun “No han hecho conciencia de la gravedad de la situación y no es competencia del Consejo PJ establecer la virtualidad por completo.

“Y es que, el procedimiento a seguir para la celebración de las audiencias, en medio de la pandemia, no lo debe establecer el Consejo del Poder Judicial, sino el pleno de la SCJ.

Otro aspecto señalado en el foro virtual para debatir la gravedad de las audiencias virtuales, fue el caso del procurador general de la República, quien tiene 14 adjuntos, 7 de los cuales les corresponde al presidente de la República designarlos, removerlos, y los restante siete al procurador, de forma tal, hay una dependencia de designaciones del Poder Ejecutivo.

“El hecho de que el Ministerio Público funcione de forma independiente dependerá mucho de la decisión política del presidente de la República, de la aptitud del procurador que el, designe, pero a su vez, se encontrara con fiscales, fiscalizadores que no podrá remover porque son parte de la carrera”, recordó Simón.

Surun Hernández narró que los problemas de las audiencias virtuales son numerosas, “siendo el fundamental el acceso a la justicia a la población que tiene el derecho constitucional de defender sus derechos fundamentales y acudir a su juez sin ningún tipo de impedimento”. “El sistema que se ha empleado es un verdadero desastres. Todo absolutamente está estancado”, reiteraron, el problema es de legalidad, de acceso a justicia, de concentración en el PJ”.

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