Por Néstor Estévez.
Dicen que Dios habla en lenguaje matemático. Muchos consideran que nos hemos inventado las matemáticas para entender mejor a Dios.
Mientras eso se analiza, un interesante repaso matemático puede ayudar a esclarecer algunos temas en relación con las condiciones de vida de medio millón de personas, en las provincias fronterizas, y la pertinencia de una Ley como la 28-01.
Todavía sigue pendiente la decisión en la Cámara de Diputados y en el Poder Ejecutivo, en torno a la Ley que crea una Zona Especial de Desarrollo Fronterizo. Ya el Senado de la República aprobó una modificación para extender por treinta años la vigencia de la Ley 28-01.
Si a la luz del repaso nos concentramos en lo que en matemática se conoce como proposiciones, encontraremos que se trata de la forma más elemental de la lógica. Posiblemente recordemos que las proposiciones son los elementos básicos a partir de los cuales se construyen los razonamientos.
Además de que eso suele verse cuando comenzamos a estudiar ecuaciones algebraicas, repasarlo podría tomarnos mucho texto y tiempo. Por el momento bastará con explicar lo relacionado con la expresión que pone título a este escrito.
La Ley es necesaria, pero no es suficiente para lograr mejoría de vida en las provincias fronterizas. Asunto de lógica: porque la Ley ayuda a lograr ese propósito, pero la realidad a lo largo de veinte años ha demostrado que no es suficiente con ella.
Hasta ahora, 87 empresas operan acogidas a la Ley 28-01. De ellas, 58 están ubicadas en Montecristi, 14 en Dajabón, seis en Santiago Rodríguez, cinco en Independencia, tres en Bahoruco y una en Elías Piña.
El director ejecutivo del Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo, Erodis Díaz, ha expresado que el Estado no ha cumplido su rol de crear políticas vinculantes de los sectores privado y público para promover la inversión. Algunos empresarios dicen haber sido afectados por competencia desleal. Y otros se quejan de que “se la han puesto en China” para instalarse y operar.
Ahora se está en apuros ante el riesgo de dejar en una especie limbo al medio millón de personas que habitan en las provincias favorecidas por la Ley 28-01. Pero cuando había transcurrido un poco más de la mitad de los veinte años, el Observatorio Político Dominicano dio a conocer resultados de una investigación sobre las repercusiones del referido texto legal.
Entre las conclusiones de aquel estudio se indica que la Ley ha servido para dinamizar la economía de las provincias fronterizas y darles mayor presencia, pero no a los niveles esperados. Eso abre oportunidad para integrar acciones que ayuden a lograr el cometido de cara a avanzar tomando en cuenta que el dinamismo económico es buena palanca, pero se necesita mucho más que eso para lograr real desarrollo.
Una recomendación, a partir del referido estudio, es sectorizar los incentivos tomando en cuenta la actividad económica y las características de cada provincia, de forma que sus potenciales mercados se puedan identificar y explotar. Este aspecto “se cae de la mata”. Ha de recordarse el daño provocado con las imposiciones para “impulsar mejoría” en muchísimos territorios, olvidando que el real desarrollo ha de estar focalizado en viabilizar los potenciales con que se cuenta.
Los especialistas del Observatorio Político Dominicano también han recomendado mayor incidencia estatal para alentar el gasto público destinado a educación, salud e infraestructura. Esto implicaría atender muchas necesidades básicas no resueltas en esa zona del país. De esa manera, mientras se apoya a quienes viven en marginalidad, la población con mejores condiciones aprovecharía las oportunidades representadas por la inversión que resulte atraída por las facilidades sustentadas en la Ley.
En definitiva, la denominada cuádruple hélice (gobierno, empresa, academia y sociedad organizada) tiene amplias posibilidades para incidir en real avance en las provincias fronterizas de República Dominicana.
La Ley es muy necesaria para el avance en la frontera. Pero es solo un soporte. Es la conjunción de esfuerzos y el real compromiso lo que garantizaría valor compartido. Así tendríamos dinamismo económico, creación de capital social y mejoría de vida con sostenibilidad en la región fronteriza.
