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REPUESTA AL DR. SANTIAGO CABA SOBRE EL CONFLICTO DE LA SAL EN MONTECRISTI.

 


Por: Miguel Alejandro Tito Bejaran Alvarez.

Cuando observo la ponencia del Dr. Caba en su análisis del tema legal de la sal notó que ciertamente el hace una interpretación de la ley ajustada a la misma o sea que toma los artículos pertinentes y explica con exactitud lo que establece la ley 286-98.

Pero hay otros aspectos que él no tocó y es la legalidad de las instituciones que constituyen no el consejo que está bien claro quienes son sus miembros sino lo que por práctica se ha denominado el consejito, que no son más que los tres miembros del municipio de Montecristi que consigna la referida ley y que se le ha llamado de manera práctica el consejito que aunque fue una forma de buscarle un vajadero a una falencia de la ley la misma no lo establece. 

Pero sucede y viene a ser que para que una institución funciones debe tener legalidad y en el caso de la especie hay que preguntarse ¿cuáles de los tres miembros del consejito tiene legalidad ? Y la respuesta es que solo el Ayuntamiento y porque afirmó eso pues porque para todos es sabido que las demás instituciones no cumplen con las normas que le dan legalidad a saber: la Cooperativa de Salineros del noroeste está hace mucho tiempo que fue clausurada por el Idecoop pues la misma no cumple con la normativa que ese órgano rector obliga a cada entidad con ese carácter por tal razón es ilegal cualquier acto que emane de dicha cooperativa; en el caso de la Asociación solo bastaría con acudir a la LEY 122-05 que rige las Instituciones sin fines de lucro, para determinar qué una organización que no se reúne ni celebra asambleas ni está registrada conforme a la ley ya que nunca realizó su adaptación a la misma pueda tener legalidad.

Siendo así no hay dudas que la única entidad que cuenta con estatura legal para operar es el Ayuntamiento.

Ahora bien esta lucha es ridícula pues no emana del interés del salinero sino de luchas políticas por manejar el dinero que ilegalmente se le cobra al salinero.

La ley dice que el ayuntamiento cobrará el diez por ciento del precio de venta de la sal y está se vende en el mejor de los casos a 50 pesos lo que significa que debían de pagarse 5 pesos no 10 como se cobra en la actualidad y es innegable que la única autoridad que tiene la facultad para cobrarlo es el ayuntamiento.

En tales circunstancias lo que proponemos nosotros es que los salineros nos pongamos de acuerdo para impulsar el cambio de una ley que quedó obsoleta que pretendía regular un mercado interno que no contó con La importación.

¿Que mercado se puede regular? cuando la importación es libre y los pequeños artesanos de la sal "salineros" tienen que competir con

Multinacionales que producen sal mecanizando su extracción en millones de metros cuadrados.

Desde mi humilde opinión esta lucha es insensata, inoportuna, incoherente y carente de toda lógica ya que en nada favorece al productor de sal. Simplemente el pleito es por quien cobra y usa el dinero.

Así no se llega a parte.

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