INFORMACION TOMADA DE EL NUEVO DIARIO MONTECRISTI.- El Centro Bahía de Manzanillo para el Desarrollo Regional (CEBAMDER), denunció este juev...
El presidente de la entidad no gubernamental, solicitó la intervención de la directora de la Dirección de Ética Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, a fin de que los esfuerzos que ella realiza para acercar la ciudadanía a las Oficinas de Libre Acceso a la Información de las instituciones públicas, no queden en palabras sin respuesta.
Valenzuela reveló que mediante la solicitud número SAIP-00055554, de fecha nueve de septiembre del presente año, realizó el pedimento al ministerio de Agricultura, a través de la plataforma SAIP de la Dirección de Ética Gubernamental.
Señaló que esa solicitud estaba dirigida a obtener informaciones de carácter económico, de producción y funcionamiento del proyecto La Cruz-Manzanillo, del cual el Ministerio de Agricultura, es rector y responsable del seguimiento de desempeño.
Expresó que la fecha establecida por el sistema SAIP, para cumplir con el compromiso de entrega, sería el pasado día cuatro de octubre del presente mes.
Valenzuela afirmó que el mismo día en que el proyecto La Cruz-Manzanillo, a través del ministerio de Agricultura, debió entregar las informaciones solicitadas, el documento recibido, fue una solicitud de prórroga para dicha entrega, proceso que hasta ese momento no violentaba la Ley de Acceso a la Información Pública.
Agregó que la nueva fecha de prórroga establecida para finalmente entregar dichas informaciones fue el pasado 18 de octubre, compromiso que no ha sido cumplido y peor aún, no ha recibido notificación de las causas de dicha violación de acuerdo.
El presidente de CEBAMDER, destacó que ante tal situación de incumplimiento procedió a establecer comunicación vía telefónica con la Oficina de Acceso a la Información del Ministerio de Agricultura, donde recibió la simple respuesta de que «Aquí nadie ha mandado eso».
Recordó que la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública 200-04 es un mandato que establece que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna de cualquier órgano del Estado dominicano, de sociedades anónimas o compañías por acciones con participación estatal.
El Reglamento de dicha ley, marcado con el número 130-05, establece que “deberá asignarse un responsable de Acceso a la Información (RAI). Así como, organizarse las Oficinas de Acceso a la Información (OAI), ante la cual se hará efectivo el ejercicio del derecho de acceso a la información.
