SANTO DOMINGO. -En atención al pedimento del Ministerio Público, la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Na...
SANTO DOMINGO. -En atención al pedimento del Ministerio Público, la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, dispuso este jueves mantener en prisión a la pastora Rossy Guzmán Sánchez y a su hijo, el cabo de la Policía Nacional, Tanner Antonio Flete Guzmán, ambos imputados de corrupción administrativa en el caso Coral.
El tribunal integrado por los jueces Pedro Sánchez, Luis Tomás Jiménez y Rosalba Garib,
rechazó un recurso de apelación de los imputados y confirmó la resolución impugnada que
mantiene la medida de coerción consistente en prisión preventiva porque no han variado las
circunstancias que dieron lugar a la misma.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de
Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), solicitó al tribunal desestimar el
recurso.
En mayo pasado a ambos les fueron impuestos 18 meses de prisión preventiva, medida que
también le fue impuesta al mayor general Adán Cáceres Silvestre y Guzmán Sánchez, así
como del cabo policial Flete Guzmán, el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de
la Armada Alejandro José Montero Cruz.
En tanto, que contra Raúl Alejandro Girón Jiménez se ordenó el arresto domiciliario por
razones de seguridad, tras cooperar con la investigación del Ministerio Público.
Los imputados guardan prisión en los centros de corrección y rehabilitación de Najayo
Hombres y Mujeres, en San Cristóbal, mientras el MP continúa con la investigación del caso,
que ha sido declarado complejo.
Ante la decisión que lo envió a prisión, los imputados han hecho varios intentos en diferentes
tribunales para que le sea variada la medida, sin lograr sus pretensiones.
El grupo es acusado de incurrir en asociación de malhechores, estafa contra el Estado,
coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos
provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
Según el MP, el entramado criminal desarrollaba sus actividades delictivas en el Cuerpo de
Seguridad Presidencial (Cusep) y en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur),
principalmente, con el abultamiento de la nómina. Durante las pesquisas, el Ministerio
Público descubrió que el coronel Rafael Núñez de Aza, también fungió como director
financiero del Conani, a pesar de que no aparecía en los registros públicos.
