La decisión fue adoptada mediante la resolución número MIP-CLAF-0001-2022, que además establece la inhabilitación e incautación de la pistola que portaba durante el incidente, de la marca Bersa, calibre 9mm, serie 555241.
El funcionario explicó que la medida está amparada en la Constitución y leyes como el Código Penal, en cuya violación incurrió Villalona, al cometer faltas que esta norma sanciona, lo mismo que la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
Indicó que su sometimiento a la justicia lo hace inelegible para optar por cualquier autorización de este tipo, lo mismo que a las personas condenadas por infracciones que conlleven pena de más de un año de prisión o aquellas sobre las que pese una orden de arresto pendiente de ejecución o hayan sido declaradas rebeldes de la justicia.
Recordó que ese ministerio puede disponer la revocación del permiso, en caso de no respetarse los términos del otorgamiento, o por resultar su revocación necesaria por razones de algún interés público preponderante, razón por la que procedió a cancelar el de Villalona.
