Por Luis M. Rodríguez Analista social y comunicador Un Llamado a la Acción por la Reforma Carcelaria Las cárceles dominicanas son un refle...
Por Luis M. Rodríguez
Analista social y comunicador
Un Llamado a la Acción por la Reforma Carcelaria
Las cárceles dominicanas son un reflejo de una crisis más profunda. Detrás de sus muros, miles de personas viven hacinadas en condiciones inhumanas, privadas de sus derechos básicos y con escasas oportunidades de rehabilitación. La sobrepoblación, la falta de recursos y la corrupción han convertido a nuestras prisiones en un polvorín a punto de explotar, debido a que operan muy por encima de su capacidad, lo que genera condiciones inhumanas y fomenta la violencia. Por ejemplo, la cárcel La Victoria, con capacidad para 2,103 reos, albergaba a 7,625 internos según los datos obtenidos al momento del informe.
El sistema penitenciario dominicano enfrenta una serie de desafíos complejos que requieren soluciones integrales y a largo plazo.
La sobrepoblación y hacinamiento es uno de los problemas más críticos en el sistema penitenciario dominicano. Muchas cárceles operan a más del doble de su capacidad, lo que genera condiciones inhumanas. Este hacinamiento no solo afecta la calidad de vida de los internos, sino que también fomenta la violencia, las enfermedades y dificulta los esfuerzos de rehabilitación.
Los internos viven en espacios reducidos, a menudo sin acceso adecuado a servicios básicos como agua potable, saneamiento y atención médica. La falta de espacio y recursos genera tensiones entre los internos, lo que puede llevar a enfrentamientos violentos. En un entorno tan saturado, es difícil implementar programas efectivos de rehabilitación y reintegración.
El sistema penitenciario carece de recursos suficientes para operar de manera efectiva. Esto incluye una falta de personal capacitado, infraestructura adecuada y programas de rehabilitación. Personal insuficiente y mal capacitado afecta la supervisión y el manejo de las cárceles, lo que puede llevar a incidentes de seguridad. La escasa asistencia médica es un problema significativo, con más del 80% de los reos padeciendo alguna enfermedad, y un 30% sufriendo de problemas de salud graves como enfermedades cardíacas y mentales.
Muchas instalaciones están en malas condiciones, lo que afecta la seguridad y el bienestar de los internos. Sin programas efectivos, los internos tienen pocas oportunidades para mejorar sus habilidades y prepararse para la reintegración en la sociedad.
La corrupción es un problema endémico que afecta la operación del sistema penitenciario, facilita la impunidad y permite que continúen las actividades delictivas dentro de las cárceles, socavando la confianza en el sistema de justicia y en la capacidad del gobierno para gestionar las cárceles de manera efectiva, puede permitir el tráfico de drogas, armas y otros delitos dentro de las cárceles. La falta de transparencia en la gestión y operación de las cárceles dificulta la rendición de cuentas y la participación ciudadana.
Falta de supervisión externa sin información pública, es difícil para las organizaciones de la sociedad civil y otros actores externos monitorear y evaluar el sistema. La falta de datos y reportes dificulta la implementación de mejoras basadas en evidencia.
La coexistencia de Modelos Penitenciarios diferentes crea incoherencias en la implementación de políticas y prácticas. La falta de un enfoque unificado puede llevar a la duplicación de esfuerzos y recursos mal utilizados conllevan a la inconsistencia en el tratamiento de internos, ya que pueden recibir un trato desigual dependiendo del modelo penitenciario bajo el cual se encuentren.
Propuestas de Solución
Estas propuestas buscan no solo abordar los problemas actuales, sino también establecer un sistema penitenciario más justo, eficiente y humano en la República Dominicana.
Descongestión Carcelaria: para aplicar un eficiente uso sobre la Libertad Condicional tenemos que empezar por ampliar los criterios de la misma, considerando no solo el tiempo cumplido sino también la buena conducta, la participación en programas de rehabilitación y la evaluación del riesgo de reincidencia. Esto permitiría liberar a un número significativo de internos que no representan una amenaza para la sociedad. Es imperativo lograr esta parte, debido que actualmente hay miles de reclusos que han sobrepasado las condenas que debieran haber cumplido y aún los mantienen sin juzgar y encerrados.
Penas alternativas: Implementar un amplio abanico de penas alternativas como el trabajo comunitario, la prisión domiciliaria, las multas y los servicios a la comunidad. Estas penas deben ser adaptadas a la gravedad del delito y a las circunstancias personales del delincuente.
Agilización de los procesos judiciales: Invertir en tecnología y recursos humanos para agilizar los procesos judiciales, reducir la duración de la prisión preventiva y garantizar el derecho a un juicio rápido.
Promoción de la justicia restaurativa: Fomentar la mediación y la reparación del daño como alternativas a la pena de prisión, especialmente en casos de delitos menores. En algunos países se han implementado programas de justicia restaurativa, donde el ofensor se reúne con la víctima para asumir la responsabilidad de sus actos y reparar el daño causado. Este tipo de programas no solo reduce la población carcelaria, sino que también promueve la reconciliación y la reparación del tejido social.
Mejora de las condiciones Carcelarias: se necesita más Inversión en infraestructura, construir nuevas cárceles modulares y flexibles que permitan adaptar la capacidad a las necesidades cambiantes de la población carcelaria. Además, es necesario remodelar las cárceles existentes para garantizar condiciones sanitarias adecuadas, ventilación y espacios adecuados para las actividades de los internos.
Acceso a servicios básicos: Garantizar el acceso universal a agua potable, saneamiento, alimentación adecuada, atención médica y servicios de salud mental. Esto incluye la contratación de personal médico especializado y la implementación de programas de prevención de enfermedades.
Programas de educación y capacitación: Ofrecer una amplia gama de programas educativos y de capacitación laboral que muy bien puede impartir INFOTEP, que permitan a los internos adquirir habilidades y conocimientos para reinsertarse en la sociedad. Estos programas deben ser diseñados en colaboración con empresas y organizaciones de la sociedad civil.
En algunos países se han implementado programas de educación a distancia que permiten a los internos obtener títulos universitarios. Estos programas no solo enriquecen la vida de los internos, sino que también aumentan sus oportunidades de empleo al salir de la cárcel.
Fortalecimiento Institucional: Profesionalización del personal penitenciario implementando programas de formación continua, con énfasis en derechos humanos, gestión de conflictos, seguridad y rehabilitación. Es fundamental crear una carrera profesional atractiva para los trabajadores penitenciarios, ofreciendo a la vez mejores condiciones laborales y salarios para atraer y retener personal calificado.
Mayor transparencia: Publicar información periódica sobre el estado de las cárceles, los presupuestos asignados y los resultados de las auditorías. Esto permitirá a la sociedad civil y a los medios de comunicación monitorear el desempeño del sistema penitenciario.
Mecanismos de control: Implementar sistemas de vigilancia electrónica, cámaras de seguridad y auditorías regulares para prevenir la corrupción y los abusos de poder. En algunos países se han implementado sistemas de videovigilancia que permiten monitorear en tiempo real las actividades dentro de las cárceles y detectar cualquier irregularidad.
Reforma del Sistema Penal: Revisar las leyes penales para reducir las penas mínimas y máximas para ciertos delitos, especialmente aquellos relacionados con drogas y delitos menores.
Despenalización de ciertas conductas: que no representan un peligro para la sociedad, como la posesión de pequeñas cantidades de drogas para consumo personal. En algunos países se han implementado programas de justicia restaurativa en los que los jóvenes infractores se reúnen con sus víctimas para asumir la responsabilidad de sus actos y reparar el daño causado.
Participación Ciudadana: crear observatorios ciudadanos para monitorear las condiciones de las cárceles y denunciar abusos. Fomentar el voluntariado en las cárceles para brindar apoyo a los internos y sus familias.
Participación en la elaboración de políticas: Involucrar a la sociedad civil en la elaboración de políticas públicas relacionadas con el sistema penitenciario. En algunos países, las organizaciones de la sociedad civil participan en consejos consultivos que asesoran al gobierno en la elaboración de políticas penitenciarias.
Construcción y Ampliación de Infraestructura
Construcción de Nuevas Cárceles: se deben hacer mayores inversiones en la construcción de nuevas instalaciones que cumplan con estándares internacionales de derechos humanos, donde sea posible, ampliar las instalaciones actuales para reducir el hacinamiento.
Mejora de los Servicios de Salud: crear convenios con Instituciones de salud, solicitando la colaboración de universidades y hospitales para ofrecer servicios médicos regulares y especializados, sumado a la implementación de programas específicos para abordar problemas de salud mental entre los internos.
Transparencia y Rendición de Cuentas: Creando un Sistema de Monitoreo Público con la implementación de plataformas en línea donde se publiquen datos sobre las condiciones carcelarias, el uso de recursos y los resultados de auditorías.
La crisis del sistema penitenciario en la República Dominicana es un reflejo de problemas estructurales que requieren atención inmediata. La sobrepoblación, la falta de recursos, la corrupción y la falta de transparencia han creado un entorno donde los derechos humanos son vulnerados y la rehabilitación es casi imposible.
Implementar soluciones integrales, como la descongestión carcelaria, la promoción de penas alternativas y la mejora de las condiciones de vida, es fundamental para transformar este panorama. Un enfoque colaborativo entre el gobierno, la sociedad civil y la comunidad internacional es esencial para garantizar que nuestras cárceles se conviertan en espacios de rehabilitación y reintegración, en lugar de meros lugares de castigo. Solo así podremos construir un sistema penitenciario más justo, humano y efectivo, que beneficie a todos y contribuya a una sociedad más segura y equitativa.