Por Luis M. Guzmán El crecimiento del tamaño del gobierno en la República Dominicana, al no traducirse en una mayor eficiencia, es un tema c...
Por Luis M. Guzmán
El crecimiento del tamaño del gobierno en la República Dominicana, al no traducirse en una mayor eficiencia, es un tema crítico al considerar cualquier reforma fiscal. Un gobierno sobredimensionado que aumenta el gasto corriente sin mejorar su funcionamiento puede convertirse en una carga para la economía, afectando negativamente la sostenibilidad fiscal y reduciendo los recursos disponibles para inversión en áreas clave como infraestructura, educación y salud.
En 2019, el aparato gubernamental ya era relativamente grande. Según algunos indicadores clave, el gasto público del gobierno central representaba para ese entonces aproximadamente un 18-19% del PIB. Este gasto incluía tanto el gasto corriente (salarios, operación de la administración pública) como el gasto de capital (inversiones en infraestructura y programas de desarrollo). Según datos del Ministerio de Administración Pública, la nómina del sector público en 2019 era de aproximadamente 600,000 empleados; esto significaba que una gran parte del gasto público se destinaba a salarios y prestaciones del sector público.
Para 2024, se reporta un aumento significativo tanto en el gasto público como en la cantidad de empleados del Estado. El gasto del gobierno central ha crecido, alcanzando aproximadamente el 21-22% del PIB. Este aumento ha sido impulsado en parte por el crecimiento del gasto corriente. La nómina del sector público ha aumentado a más de 700,000 empleados, lo que implica un incremento del personal en la administración pública.
El aumento del tamaño del gobierno ha llevado a un incremento significativo en el "gasto corriente", que incluye salarios de funcionarios públicos, costos operativos y otros gastos de mantenimiento del aparato estatal. Si bien un gobierno debe ser lo suficientemente grande para proveer servicios esenciales y garantizar el bienestar de su población, un crecimiento desmedido en su tamaño, sin una correspondiente mejora en la calidad de los servicios públicos, ha generado serias problemáticas.
Presión sobre el presupuesto nacional
Un gobierno grande requiere más recursos para funcionar, lo que implica una mayor asignación de fondos para el gasto corriente en lugar de la inversión pública. Esto limita la capacidad del Estado para invertir en infraestructura, programas de desarrollo social y mejoras en los sectores productivos, todos elementos clave para el crecimiento económico a largo plazo. Si el crecimiento del gobierno y el aumento del gasto corriente no están respaldados por un crecimiento equivalente en la recaudación de ingresos, esto puede llevar a un déficit fiscal. Un déficit persistente implica la necesidad de tomar más préstamos para cubrir el presupuesto, lo que aumenta el endeudamiento del Estado y puede llevar a una crisis de deuda a largo plazo. En el caso de la República Dominicana, la deuda pública ha sido un tema de preocupación, y mantenerla bajo control es vital para evitar una carga excesiva sobre futuras generaciones.
Un gobierno sobredimensionado puede resultar en una mayor burocracia, procesos lentos y redundancia en funciones, lo que afecta la productividad del sector público. Más empleados no necesariamente se traducen en mejores servicios si no existe una clara estructura de responsabilidades y una cultura de gestión eficiente. Esto crea una percepción negativa del sector público y reduce la confianza de los ciudadanos en las instituciones gubernamentales. Un gobierno grande también puede competir con el sector privado por recursos, como mano de obra calificada, lo que puede aumentar los costos laborales y reducir la competitividad del sector privado. Además, un gobierno que absorbe una gran parte de los recursos nacionales puede limitar las oportunidades de inversión privada, afectando el crecimiento económico.
Implicaciones para la reforma fiscal
Dado el impacto del tamaño del gobierno y el aumento del gasto corriente, una "reforma fiscal responsable" debe abordar este tema con una estrategia clara. En lugar de continuar expandiendo el tamaño del gobierno, una reforma fiscal debe enfocarse en racionalizar el gasto público. Esto implica identificar áreas donde hay redundancia, eliminar procesos innecesarios y mejorar la eficiencia en la administración pública. Por ejemplo, se puede realizar una auditoría exhaustiva de los programas de gobierno y revisar las estructuras administrativas para optimizar los recursos. El gasto en salarios y beneficios de los empleados públicos, así como los gastos operativos del Estado, deben ser revisados y ajustados. Implementar políticas de contención del gasto, como una revisión de los sueldos del sector público, limitando el crecimiento de la nómina estatal y fomentando la digitalización de servicios para reducir costos operativos es fundamental.
Para evitar el mal uso de los recursos y mejorar la eficiencia del gasto público es esencial reforzar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Esto incluye la publicación de datos fiscales de manera accesible para el público, fortalecer las instituciones de control y auditoría y crear incentivos para la eficiencia en la gestión de los recursos. Según expertos la reforma fiscal debe buscar redirigir el gasto público desde el gasto corriente hacia la "inversión pública". Esto es crucial para impulsar el crecimiento económico a largo plazo y mejorar la infraestructura, la educación y los servicios de salud. Un enfoque en la inversión pública tiene el potencial de generar un mayor retorno a la economía que el simple aumento del gasto corriente.
Implicaciones para la política tributaria
El crecimiento del tamaño del gobierno puede llevar a mayores presiones sobre el sistema tributario ya que el Estado necesitará más ingresos para financiar su operación. Sin embargo, aumentar los impuestos sin abordar el problema del gasto público ineficiente podría ser contraproducente. Cualquier aumento en la recaudación tributaria debe estar acompañado de una mejora significativa en la eficiencia del gasto público para evitar que los ciudadanos sientan que están pagando más sin recibir mejores servicios.
Una reforma fiscal en la República Dominicana no puede limitarse únicamente a aumentar la recaudación o cambiar las tasas impositivas. Es crucial que aborde el tamaño y la eficiencia del gobierno ya que el crecimiento desmedido del gasto corriente sin una mejora correspondiente en los servicios y la administración pública genera una presión innecesaria sobre las finanzas del Estado. Redimensionar el aparato estatal y mejorar su eficiencia debería ser una prioridad para garantizar que los recursos sean utilizados de manera más efectiva y sostenible.
