Por Luis M. Guzman En la República Dominicana, los movimientos ciudadanos han sido una fuerza crucial para promover cambios significativos e...
Por Luis M. Guzman
En la República Dominicana, los movimientos ciudadanos han sido una fuerza crucial para promover cambios significativos en la política y las políticas públicas. Recientemente, estos movimientos se han enfocado en oponerse a la reforma fiscal propuesta por el gobierno, argumentando que esta medida tendría un impacto devastador en la clase media y los sectores más vulnerables de la sociedad. Según sus líderes, las nuevas medidas fiscales agravarán la situación económica de estos grupos, al imponer una carga fiscal regresiva que sofocará aún más sus condiciones de vida.
Estos movimientos, formados por sectores de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, grupos comunitarios y colectivos, buscan incidir en las decisiones del Estado para promover cambios en áreas clave como la corrupción, la transparencia, la justicia social y, más recientemente, temas como la reforma fiscal. La capacidad de estos movimientos para movilizar a la población y generar un debate nacional resalta la importancia de la participación ciudadana en la política, especialmente cuando se trata de medidas que afectarán directamente al bienestar económico de los ciudadanos.
La Reforma Fiscal y su Impacto
La reforma fiscal propuesta por el presidente Luis Abinader y el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, incluye varias medidas que han generado una fuerte oposición entre la población. Algunos de los puntos más criticados son la ampliación de la base del ITBIS (Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios) y la introducción de nuevos impuestos. La reforma propone convertir el ITBIS en un IVA (Impuesto al Valor Agregado) y ampliar su base, lo que significaría que productos agrícolas como el tomate, la lechuga y la mantequilla, que anteriormente estaban exentos, ahora estarían gravados al 18%. Esto impactaría de manera regresiva a los hogares que dependen de estos productos básicos.
Además de la ampliación del ITBIS, el impuesto al patrimonio inmobiliario (IPI) ha generado preocupación. La reforma establece un umbral exento de 5 millones de pesos para las viviendas, lo que significa que muchas familias de clase media, que anteriormente no pagaban este impuesto, ahora tendrán que hacerlo. Este incremento en la carga fiscal no solo afectará la economía familiar, sino que también podría encarecer el costo de los alquileres, desplazando a muchos de sus hogares y agravando la crisis habitacional que ya enfrenta el país. Esto aumentará la carga fiscal regresiva sobre la clase media, incrementando la presión económica en un contexto ya difícil.
El aumento del pago de marbetes para vehículos es otra de las medidas impopulares incluidas en la reforma. Esto afectaría significativamente a los propietarios de vehículos, especialmente a aquellos de clase media y baja, quienes ya lidian con el costo del combustible y el mantenimiento. El descontento ha llevado a muchas personas a cuestionar si el gobierno realmente comprende las dificultades que enfrenta la ciudadanía en su día a día. En lugar de distribuir la carga fiscal de manera equitativa, muchos consideran que las medidas propuestas son regresivas, afectando más a quienes tienen menos capacidad para absorber estos costos.
Las Vistas Públicas y la Participación Ciudadana
En el marco de esta controversia, las vistas públicas llevadas a cabo en el Congreso de la República Dominicana han sido un espacio crucial para que los ciudadanos expresen sus preocupaciones y oposición a la reforma fiscal. Estas vistas públicas son un mecanismo formal de participación ciudadana que permite a los ciudadanos interactuar directamente con legisladores y funcionarios públicos. Sin embargo, la eficacia de estas vistas ha sido objeto de debate, ya que muchos ciudadanos sienten que sus voces no son escuchadas y que sus preocupaciones sobre la carga fiscal regresiva han sido desestimadas por los responsables de la toma de decisiones.
Durante estas vistas públicas, los ciudadanos han expresado ferozmente su oposición a la reforma fiscal, argumentando que afectará a la clase media y a los pobres. Muchos han señalado que la reforma fiscal recaerá desproporcionadamente sobre la clase media y los sectores más vulnerables, aumentando la pobreza y la desigualdad. Las historias compartidas durante estas vistas revelan la profunda preocupación de los dominicanos por el futuro económico del país y su deseo de ser incluidos en la toma de decisiones que les afectan. Esta participación muestra el creciente descontento con las políticas fiscales regresivas que asfixian a la mayoría de los ciudadanos.
La ampliación de la base del ITBIS y el establecimiento del IPI significarán un aumento significativo en la carga impositiva para las familias. Esto no solo reducirá su poder adquisitivo, sino que también aumentará el costo de vida, haciendo más difícil para las familias llegar a fin de mes. Muchos ciudadanos se han cuestionado si el gobierno está priorizando el aumento de ingresos fiscales sobre el bienestar de su población. La percepción de que el sistema fiscal es regresivo y no equitativo ha alimentado las protestas y el rechazo de los sectores más afectados, que sienten que se les está exigiendo más de lo que pueden aportar.
Algunos economistas y ciudadanos han cuestionado si la reforma fiscal realmente promueve el crecimiento económico a largo plazo, o si simplemente traslada la carga fiscal a los sectores más débiles de la sociedad. Este debate es fundamental, ya que el crecimiento económico sostenible debería ser una prioridad para cualquier reforma fiscal. Se hace necesario que el gobierno presente un plan claro que demuestre cómo estas medidas beneficiarán a la economía en su conjunto, sin recurrir a políticas regresivas que aumenten la desigualdad y el malestar social en el país.
El Poder de los Movimientos Ciudadanos
Los ciudadanos y los movimientos ciudadanos han presentado varias demandas y propuestas para mitigar el impacto negativo de la reforma fiscal. Se ha pedido que se revise el monto exento del IPI y se reduzca la tasa del 1% a un medio punto porcentual para no afectar tan severamente a la clase media. Además, se ha solicitado que se establezcan mecanismos para proteger a los hogares de bajos ingresos, evitando que la reforma fiscal los empobrezca aún más. También muchos han argumentado que, antes de aumentar los impuestos, el gobierno debería reducir sus gastos innecesarios y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos.
Los movimientos ciudadanos en la República Dominicana han demostrado su capacidad para influir en las políticas públicas a través de varias estrategias, incluyendo la movilización social. Las protestas y manifestaciones han sido una forma efectiva de llamar la atención sobre las injusticias y presionar al gobierno para que considere las demandas ciudadanas. Asimismo, el uso de los medios de comunicación y las redes sociales ha permitido a los movimientos ciudadanos articular demandas y generar debates públicos, haciendo eco de las preocupaciones de muchos dominicanos. La movilización contra políticas fiscales regresivas ha unido a distintos sectores de la población en busca de un sistema más equitativo.