Por Luis M. Guzmán La reciente firma del decreto 105-25 por el presidente Luis Abinader para "racionalizar el gasto público" en 2...
La reciente firma del decreto 105-25 por el presidente Luis Abinader para "racionalizar el gasto público" en 2025 ha reavivado el debate sobre la eficiencia del manejo de las finanzas estatales en República Dominicana. Esta medida, que prohíbe la compra de vehículos oficiales, restringe los viajes y limita la publicidad gubernamental, forma parte de una serie de decretos similares emitidos desde 2021. Sin embargo, una mirada más profunda revela una paradoja: mientras se promueven recortes en gastos superficiales, el gasto corriente ha seguido creciendo a un ritmo preocupante.
Un repaso por los decretos emitidos lo confirma. En 2021, el Decreto 396-21 eliminó partidas no prioritarias, como publicidad, viáticos y alquileres. Un año después, el Decreto 3-22 ratificó estas medidas y agregó restricciones en la compra de vehículos y viajes oficiales. Para 2024, el Decreto 71-24 insistió en la eficiencia de la administración pública y el uso racional de los recursos. Ahora, en 2025, el Decreto 105-25 repite las mismas estrategias. No obstante, a pesar de su emisión, el gasto en nómina estatal, publicidad y subsidios ha seguido aumentando, lo que pone en duda su impacto real.
A pesar de la emisión de estos decretos, el gasto público en áreas como la nómina estatal, publicidad y subsidios ha continuado en aumento, lo que sugiere que las medidas implementadas no han logrado el impacto esperado en la reducción del gasto corriente.
Desde el inicio de la administración del PRM, se han implementado restricciones en rubros considerados no esenciales, con el argumento de proteger los recursos del Estado. Medidas como la eliminación de viáticos, limitaciones en el uso de vehículos oficiales y reducción de publicidad estatal apuntan a un objetivo claro: generar ahorros en la gestión pública. No obstante, estas iniciativas, aunque bien intencionadas, tienen un impacto marginal en comparación con las partidas que realmente presionan las cuentas fiscales del país.
El problema central radica en el crecimiento descontrolado del gasto corriente, que ha absorbido una porción cada vez mayor del presupuesto nacional. Mientras se limita la compra de carros y se recortan los viajes, la nómina estatal ha pasado de 175 mil millones en 2020 a 336 mil millones en 2024, un aumento del 92%. Este crecimiento no ha venido acompañado de una reducción significativa en la cantidad de empleados públicos, sino más bien de aumentos salariales que han elevado el costo promedio de los sueldos en el Estado.
Un caso similar ocurre con la publicidad estatal. En 2020, el gasto en esta área era de aproximadamente 5300 millones de pesos, ya considerado excesivo. Para 2024, la proyección alcanzó los 11,100 millones, duplicando la cifra en solo cuatro años. Este incremento contrasta con los esfuerzos de austeridad promovidos por los decretos recientes, generando dudas sobre la coherencia del discurso gubernamental. Si el objetivo es reducir gastos innecesarios, ¿por qué aumentar la inversión en propaganda estatal?
Las transferencias y subsidios representan otro punto crítico. En 2019, antes de la pandemia, estos gastos ascendían a 211 mil millones de pesos. Para 2024, la cifra se disparó a 370 mil millones, destacando el subsidio al sector eléctrico, que pasó de 32 mil millones en 2020 a 84 mil millones en 2024. Si bien estas ayudas son fundamentales para sectores vulnerables, su crecimiento sostenido sin un plan de sostenibilidad fiscal a largo plazo compromete la estabilidad financiera del país.
El incremento del gasto corriente tiene una consecuencia directa: reduce los fondos disponibles para inversión en infraestructura y desarrollo. Mientras más dinero se destina a sueldos, publicidad y subsidios, menos queda para la construcción de carreteras, hospitales y escuelas. Este desequilibrio afecta el crecimiento económico, pues el gasto de capital es el que realmente genera valor y mejora la competitividad del país en el largo plazo.
Otro factor preocupante es el continuo endeudamiento del gobierno para cubrir estos déficits. Año tras año, el Estado gasta más de lo que ingresa, recurriendo a préstamos para cerrar la brecha. Este modelo no es sostenible en el tiempo y, de mantenerse la tendencia, podría llevar a una crisis fiscal similar a las que han enfrentado otras economías de la región. La deuda pública no es mala por sí sola, pero cuando se utiliza para financiar gastos recurrentes en lugar de inversión productiva, se convierte en un problema.
En este contexto, los decretos de racionalización del gasto parecen más una estrategia de imagen que una solución real a los problemas estructurales del país. Si bien es positivo eliminar gastos innecesarios, el impacto de estas medidas es mínimo frente al crecimiento del gasto en nómina, publicidad y subsidios. No se trata de recortar por recortar, sino de reestructurar el presupuesto de manera inteligente y eficiente.
Para lograr una verdadera estabilidad fiscal, el gobierno debe implementar reformas profundas. La primera es una reestructuración del aparato estatal, eliminando instituciones redundantes y optimizando el uso de recursos humanos. Reducir la cantidad de empleados públicos innecesarios y mejorar la productividad del sector estatal es clave para frenar el crecimiento de la nómina.
También es fundamental una mayor transparencia y control sobre la publicidad gubernamental. En lugar de gastar miles de millones en promocionar logros, los recursos deberían dirigirse a proyectos que generen impacto real en la población. La comunicación estatal debe ser clara y efectiva, pero sin convertirse en una herramienta de propaganda excesiva.
Los subsidios y transferencias requieren una revisión detallada para garantizar su eficiencia y focalización. No se trata de eliminarlos, sino de asegurarse de que lleguen a quienes realmente los necesitan. Al mismo tiempo, es necesario invertir en infraestructura y desarrollo económico, creando empleo y oportunidades para reducir la dependencia de los programas asistenciales en el largo plazo.
El decreto 105-25 es un paso en la dirección correcta, pero insuficiente. Sin reformas estructurales, los problemas fiscales del país seguirán creciendo. La sostenibilidad de las finanzas públicas no se logra con medidas superficiales, sino con cambios profundos en la forma en que el Estado gasta e invierte sus recursos. Es momento de ir más allá del maquillaje fiscal y apostar por una verdadera transformación económica
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