Santo Domingo.– El presidente de la República, Luis Abinader, sometió este martes al Congreso Nacional un proyecto de ley que busca regula...
Santo Domingo.– El presidente de la República, Luis Abinader, sometió este martes al Congreso Nacional un proyecto de ley que busca regular, supervisar y prevenir el lavado de activos en el sector de los juegos de azar en el país. La propuesta fue canalizada a través de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.
Como parte central de la iniciativa, se contempla la creación de la Dirección General de Juegos de Azar (DGJA), una nueva entidad que fungirá como órgano rector con autoridad para otorgar licencias operativas a 15 tipos de juegos definidos en la normativa, incluyendo casinos, bancas de lotería, apuestas deportivas, rifas y plataformas virtuales, entre otros.
Casinos solo en hoteles de lujo
Según el artículo 36 del proyecto, los casinos solo podrán funcionar en hoteles de al menos cuatro estrellas. Las tarifas de operación variarán según el número de mesas, partiendo desde RD$55,853 hasta RD$85,927 por cada una. Las máquinas tragamonedas instaladas en estos recintos pagarán un 5 % sobre sus ventas brutas.
Restricciones y tarifas para bancas deportivas
Las bancas de apuestas deportivas deberán ubicarse a no menos de 500 metros de otras entidades de juego y no podrán instalarse en secciones o parajes rurales. Para operar, deberán pagar más de RD$794,000, además de un 1 % de las ventas brutas mensuales.
En lo que se desarrolla una plataforma digital de control tributario, se establece una cuota mensual provisional de RD$9,500.
Sanciones por tragamonedas ilegales
El proyecto limita el uso de máquinas tragamonedas a casinos, hoteles y casas de apuestas, prohibiendo su instalación en colmados, bares y otros establecimientos informales. Mientras se implementa una plataforma de control fiscal, cada máquina deberá pagar RD$14,000 mensuales.
Loterías bajo nuevas reglas
Las bancas de lotería deberán estar a un mínimo de 200 metros de escuelas, iglesias, centros de salud e instituciones públicas, con el objetivo de evitar su cercanía con lugares vulnerables.
