Por Luis M. Guzmán En las sombras del Caribe se mueve un enemigo invisible que no dispara, pero destruye: el lavado de activos. La Repúblic...
Por Luis M. Guzmán
En las sombras del Caribe se mueve un enemigo invisible que no dispara, pero destruye: el lavado de activos. La República Dominicana, con su pujante economía turística y su posición estratégica, se ha convertido en un objetivo clave para los carteles internacionales. Aunque las autoridades nieguen la presencia formal de estructuras como el Cartel de Sinaloa, la realidad es que los capitales del narcotráfico operan con sofisticación y bajo perfiles legales. Lo más preocupante es que estas operaciones suelen pasar desapercibidas, escondidas tras fachadas legales y una narrativa de crecimiento económico.La globalización financiera, la expansión del turismo y la debilidad institucional hacen del país un terreno fértil para el blanqueo de dinero. El sistema inmobiliario, los negocios informales, las casas de cambio y algunas zonas francas son canales perfectos para inyectar dinero ilícito en la economía legal. El lavado no solo enriquece a delincuentes, sino que distorsiona mercados, encarece la vida y debilita la competencia honesta. Esta distorsión también afecta la credibilidad del país ante inversionistas legítimos, que temen operar en un ambiente poco transparente.
Los carteles no necesitan presencia militar para conquistar un territorio: les basta el control económico. Comprar propiedades, financiar campañas políticas, crear empresas fachada o infiltrar sectores estratégicos como puertos o aduanas son formas efectivas de colonización criminal. En este contexto, la democracia se convierte en un teatro, mientras el verdadero poder se ejerce tras bastidores. La influencia silenciosa del narcotráfico es capaz de condicionar leyes, postergar reformas y moldear decisiones públicas que benefician sus intereses. La ciudadanía, a menudo desinformada, participa sin saber en esta economía paralela.
El turismo, orgullo nacional y motor económico, también se ve afectado. La llegada de capitales oscuros a zonas como Punta Cana, Bávaro o Samaná altera los precios, fomenta la informalidad y atrae un turismo de lujo ligado al crimen. Esto desplaza la inversión ética y desnaturaliza el modelo sostenible que el país necesita proyectar al mundo. Además, crea una cultura de impunidad donde el lujo sin origen claro se vuelve aspiracional. El turismo, entonces, deja de ser desarrollo y se convierte en escaparate del crimen organizado.
Los puertos dominicanos representan otro eslabón vulnerable en la cadena del crimen. La baja inspección de contenedores, la complicidad de funcionarios y la falta de trazabilidad en las mercancías crean una brecha crítica. El narcotráfico se beneficia de estas debilidades para enviar drogas, lavar dinero y operar sin ser detectado. Las autoridades aduanales, muchas veces limitadas en recursos, no cuentan con tecnología adecuada ni procesos de control integrados. Esto deja al país expuesto al tráfico internacional de sustancias y capitales.
Frente a estas amenazas, la inteligencia artificial podría ser un aliado crucial. El uso de escáneres inteligentes, algoritmos de riesgo, blockchain aduanal y drones de vigilancia permitiría anticipar operaciones ilegales. Algunos puertos del mundo ya lo aplican con éxito, pero se necesita inversión, voluntad política y cooperación internacional. La implementación de estas herramientas también requiere personal capacitado y una cultura institucional comprometida con la legalidad. No basta con adquirir la tecnología, hay que saber usarla para que funcione como escudo y no como ornamento.
Sin embargo, la tecnología es insuficiente sin una justicia funcional. La reforma judicial en la República Dominicana debe ser estructural: meritocracia, independencia, fiscalización y digitalización de los procesos son pilares clave. Mientras los casos de lavado prescriben o se archivan sin consecuencias, el crimen sigue avanzando. La impunidad es el combustible del crimen organizado, y sin castigo ejemplar, se normaliza la ilegalidad. Los jueces y fiscales deben estar protegidos del chantaje, la presión política o la amenaza directa de las mafias.
La democracia dominicana también debe blindarse políticamente. Se requieren leyes que limiten el financiamiento electoral opaco, auditorías patrimoniales obligatorias y una ciudadanía vigilante. El narcotráfico se infiltra silenciosamente cuando se tolera la impunidad y se premia el dinero fácil, sin importar su origen. La ética pública debe recuperar su centralidad en el ejercicio del poder. Solo así se podrá recuperar la confianza social y proteger la legitimidad democrática frente al poder del dinero sucio.
En las economías en desarrollo, el lavado de activos distorsiona toda lógica financiera. Genera inflación artificial, encarece bienes raíces, expulsa a los empresarios legítimos y crea burbujas de inversión. Esto afecta a la clase media, reduce el empleo formal y debilita la soberanía económica del país. Además, deteriora la confianza en la moneda nacional y favorece la informalidad. La desigualdad se incrementa, y los más pobres terminan pagando las consecuencias de un sistema contaminado.
El impacto institucional también es grave. La captura de jueces, fiscales, alcaldes o legisladores por redes criminales impide que el Estado cumpla su rol. Cuando las decisiones públicas responden al crimen, la democracia se transforma en simulacro. Lo que parece legal, muchas veces es solo una fachada delictiva. Esta corrupción estructural erosiona el contrato social y hace que la ley deje de ser referencia moral. El sistema entra en crisis, no por falta de normas, sino por ausencia de voluntad para hacerlas cumplir.
Combatir el lavado de activos requiere una respuesta integral. No se trata solo de operativos policiales, sino de educación ciudadana, vigilancia social, cooperación transnacional y voluntad real de limpiar las instituciones. El crimen organizado no se combate con discursos, sino con acción coordinada y firmeza ética. La sociedad civil, el sector privado y la prensa tienen un rol clave. Se requiere una cultura de legalidad que atraviese la administración pública y la vida cotidiana.
La República Dominicana está a tiempo de actuar. Posee el talento, las leyes y el apoyo internacional necesario. Pero sin transparencia, justicia y control efectivo, el país corre el riesgo de convertirse en un paraíso turístico... también para el crimen. El silencio no es neutralidad, es complicidad. La historia muestra que los países que no enfrentan este problema terminan devorados por él. Es ahora o nunca, la lucha contra el lavado es la lucha por el futuro del país.
