Lo que comienza con una declaración en un programa de radio, una publicación en redes sociales o un comentario en una plataforma digital p...
En los últimos años, República Dominicana ha sido escenario de una serie de procesos judiciales por difamación e injuria que han involucrado a reconocidos comunicadores, periodistas e influenciadores. Algunos de estos casos han concluido con condenas, indemnizaciones millonarias y medidas restrictivas, sentando precedentes sobre los límites entre la libertad de expresión y la responsabilidad legal.
A propósito de los recientes expedientes que han acaparado titulares, presentamos un recuento de algunos de los casos que han marcado el pulso nacional.
Juan Mateo Guerrero y Guido Gómez Mazara
En 2021, la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional condenó al comunicador Juan Mateo Guerrero a un mes de prisión y al pago de una indemnización de un millón de pesos por difamación e injuria en perjuicio del dirigente político Guido Gómez Mazara.
El tribunal acogió de manera íntegra la solicitud del Ministerio Público y lo declaró culpable de los hechos imputados. Gómez Mazara había interpuesto la demanda tras denunciar que el comunicador difundió de manera reiterada informaciones falsas en su contra a través de medios electrónicos.
Posteriormente, el 24 de mayo de 2023, la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó la condena y elevó a cinco millones de pesos la indemnización por los daños ocasionados.
Faride Raful contra Ángel Martínez e Ingrid Jorge
Uno de los casos más comentados del escenario político y mediático dominicano en los últimos meses ha sido la querella presentada por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, contra el comunicador Ángel Martínez y la influencer Ingrid Jorge Pérez.
El proceso, sustentado en presunta difamación, injuria y violaciones a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, surgió a raíz de una serie de publicaciones y declaraciones difundidas en redes sociales.
El 30 de mayo de 2025, Raful, representada por el abogado Miguel Valerio, depositó una querella penal con constitución en actor civil ante la Procuraduría Especializada en Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Posteriormente, tribunales del Distrito Nacional impusieron medidas de coerción contra ambos imputados. El juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción, ordenó contra Ángel Martínez presentación periódica, impedimento de salida del país y una garantía económica de 500 mil pesos.
En tanto, la jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción, dictó medidas similares contra Ingrid Jorge, consistentes en presentación periódica, impedimento de salida del país y el pago de una garantía económica de 200 mil pesos.
La Tora
En medio de la controversia, la comunicadora Claudia Pérez Ramírez, conocida popularmente como La Tora y madre de Ingrid Jorge, ofreció disculpas públicas a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y a la exministra de Cultura, Milagros Germán, por las acusaciones difundidas por su hija en contra de ambas funcionarias.
A través de un video que circuló en redes sociales, Pérez calificó como «inventos» las afirmaciones realizadas por Ingrid Jorge y pidió perdón en nombre de su familia. «Le pido excusas a Milagros Germán, a Faride Raful por todo esto, en nombre de nosotros, porque esto es un invento», expresó la comunicadora.
El día de hoy, La Tora fue condenada a un año de prisión y al pago de una indemnización de cinco millones de pesos a favor del diputado Sergio Moya (Gory Moya), tras hallarla culpable de atentar contra su honor mediante expresiones difundidas en plataformas digitales.
La magistrada Octavia Carolina concluyó que la comunicadora violó disposiciones de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, acogiendo así la acusación presentada por el legislador.
El caso Milagros De Camps
Ángel Martínez también protagonizó otro proceso judicial de alto perfil. El comunicador fue condenado a seis meses de prisión y al pago de una indemnización de 10 millones de pesos tras ser hallado culpable de difamar a la exviceministra de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente, Milagros De Camps Germán.
La exfuncionaria presentó una querella penal con constitución en actor civil, alegando haber sido víctima de una campaña sistemática de descrédito a través de redes sociales. De acuerdo con el expediente, Martínez difundió contenidos audiovisuales en los que utilizaba expresiones burlescas, imágenes manipuladas y afirmaciones falsas sobre aspectos de su vida privada, incluyendo supuestos matrimonios y embarazos sin ningún sustento.
El caso Tamara Martínez y Gabi Desangles
La jueza Clara Luz Almonte, de la Segunda Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, condenó a la comunicadora Tamara Martínez a tres meses de prisión tras encontrarla culpable de difamación e injuria en perjuicio de la presentadora Gabi Desangles. La pena deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo-Mujeres.
El tribunal determinó que Martínez violó disposiciones de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología al emitir declaraciones consideradas ofensivas y perjudiciales contra Desangles a través de plataformas digitales y medios de comunicación.
Rafael Guerrero: dos veces condenado por difamación e injuria
La Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional condenó a un año de prisión a Rafael Guerrero Méndez, conductor del programa de YouTube «Corrupción al Desnudo», tras hallarlo culpable de difamación e injuria en perjuicio del expresidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Rolando Rosado Mateo.
La sentencia establece el pago de una indemnización de 15 millones de pesos a favor de Rosado Mateo.
El representante legal del exfuncionario, abogado José Valdez Fernández, informó que existe otro proceso judicial en curso de Rosado Mateo contra Guerrero Méndez en la Novena Sala de la Cámara Penal, el cual se fundamenta en la presunta violación de los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos Electrónicos, que sanciona la difamación e injuria cometidas a través de medios digitales.
Samuel Pereyra y Carlos Rubio
Más recientemente, el presidente del Consejo de Administración de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa), Samuel Pereyra, anunció el inicio de acciones legales contra el abogado y comunicador Carlos Rubio.
A través de publicaciones en sus redes sociales, Pereyra explicó que la decisión responde a presuntos actos de extorsión, difamación y al uso indebido de información e imágenes relacionadas tanto con él como con miembros de su familia.
Asimismo, informó que la denuncia fue presentada en el estado de Florida, Estados Unidos, lugar donde Rubio reside actualmente.
Estos casos evidencian cómo el auge de las plataformas digitales ha transformado la manera en que se ejerce la comunicación pública, al tiempo que ha reforzado el debate sobre el equilibrio entre el derecho a la libre expresión y la obligación de responder legalmente por la difusión de informaciones falsas o lesivas al honor de terceros.
Más allá de los nombres, las sentencias y las cuantiosas indemnizaciones, estos expedientes reflejan una nueva realidad: la justicia dominicana observa cada vez con mayor rigor el contenido que se difunde desde micrófonos, cámaras y redes sociales.
La inmediatez que ofrecen las plataformas digitales ha ampliado el alcance de la opinión pública, pero también ha incrementado la responsabilidad de quienes informan o emiten acusaciones sin pruebas.
