La pieza fue aprobada por el Senado de la República en dos lecturas consecutivas, luego de que los legisladores declararan de urgencia el proyecto que incorpora las modificaciones realizadas por la Cámara de Diputados a la Ley 74-25, que instituye el nuevo Código Penal.
Con esta votación, el Congreso concluye el proceso legislativo de una de las reformas más discutidas en la historia democrática del país, dejando ahora en manos del Poder Ejecutivo la decisión de promulgar u observar la normativa.
El Congreso cierra un debate de más de 30 años
La aprobación marca el desenlace de un proceso que comenzó hace más de tres décadas y que atravesó múltiples legislaturas sin lograr consenso definitivo.
Durante la sesión, el Senado acogió las 32 modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados, consolidando el texto final de la legislación.
Las enmiendas abarcan cambios en la responsabilidad penal de las personas jurídicas, la ampliación de esa responsabilidad, nuevas disposiciones sobre hostigamiento, incluido el cibernético, violencia intrafamiliar, ataques con sustancias químicas, discriminación, proxenetismo, difusión ilícita de contenido íntimo, exhibicionismo sexual, acoso agravado, abandono de menores, malversación de fondos públicos, perjurio, difamación, violación de propiedad, ultraje en el ámbito jurisdiccional y certificaciones falsas del estado de salud, entre otros aspectos.
Los promotores de la reforma sostienen que el nuevo Código responde a una realidad social y criminal distinta a la existente cuando fue promulgada la legislación vigente hace más de un siglo.
Una sesión marcada por posiciones encontradas
Aunque la aprobación fue respaldada por la mayoría del Senado, el debate estuvo acompañado de cuestionamientos por parte de algunos legisladores.
Los senadores de la Fuerza del Pueblo sometieron varias propuestas de modificación que fueron rechazadas por el pleno. También el senador Antonio Taveras presentó observaciones que no prosperaron.
Al concluir la sesión, el senador por La Romana, Eduard Espiritusanto, criticó la actuación de quienes votaron a favor del proyecto.
“De muchos muñecos que le dan a un botón y levantan la mano para cualquier propuesta que se traiga, como se aprobó el Código Penal y se aprueban otros proyectos”, declaró el legislador, al tiempo que llamó a la ciudadanía a elegir representantes que, a su juicio, ejerzan un mayor nivel de independencia en el Congreso.
Genao celebra un “día de júbilo”
En contraste, el senador por La Vega, Rogelio Genao, calificó la aprobación como un momento histórico para el Congreso Nacional.
El legislador recordó que ha participado en la discusión del Código Penal desde 1994, cuando era diputado, y afirmó que finalmente se logró aprobar una reforma esperada durante más de 30 años.
“Es una pieza esperada y con un tránsito congresional de más de 30 años. Hoy ese esfuerzo se ha consolidado”, expresó.
Genao aseguró que el nuevo Código Penal permitirá sustituir una legislación que calificó de “napoleónica” por un instrumento jurídico moderno.
Asimismo, sostuvo que la nueva normativa ya es considerada “una de las más avanzadas de Iberoamérica”, aunque reconoció que, como toda legislación, puede ser perfeccionada en el futuro.
“Aun siendo una pieza perfectible, ha sido una gran obra”, manifestó.
El senador también defendió el proceso de discusión, señalando que durante el tramo final fueron incorporadas observaciones de distintos sectores sociales antes de la aprobación definitiva.
La decisión queda ahora en manos del Poder Ejecutivo
Con la aprobación definitiva por ambas cámaras, el proyecto pasa ahora al Poder Ejecutivo, donde el presidente Luis Abinader deberá decidir si promulga la ley o ejerce la facultad constitucional de observarla.
De ser promulgado, República Dominicana contará con un nuevo Código Penal que sustituirá una normativa vigente desde el siglo XIX, incorporando nuevos tipos penales, actualizando sanciones y adecuando el sistema penal a los desafíos contemporáneos.
La decisión del Poder Ejecutivo marcará el último paso de una reforma que durante décadas figuró entre las principales deudas legislativas del país.
