Santo Domingo.– La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, lanzó una advertencia a los funcionarios y servidores públicos que contemplen utilizar de manera irregular los recursos del Estado, al señalar que el nuevo marco jurídico dominicano contempla consecuencias severas para quienes incurran en actos de corrupción.

Durante la conferencia “Hacia una gestión pública íntegra: un compromiso con el presente y el futuro de la República Dominicana”, realizada en el marco del II Foro de Contratación Pública, Reynoso llamó a los servidores del Estado a actuar con responsabilidad, especialmente a quienes tienen bajo su responsabilidad procesos de compras y contrataciones.

Ante decenas de funcionarios y empleados vinculados a los departamentos de compras y contrataciones, la procuradora sostuvo que quienes participan en el manejo de recursos públicos deben comprender que sus decisiones pueden tener consecuencias no solo administrativas, sino también penales.

“Si usted no quiere tener principio, respete al código, porque la aplicación es absolutamente severa”, afirmó Reynoso al referirse al nuevo Código Penal, que, según explicó, establece nuevas herramientas para perseguir y sancionar los delitos relacionados con la corrupción.

La titular del Ministerio Público recordó que República Dominicana cuenta actualmente con un marco legal integrado, entre otras normas, por el nuevo Código Penal, la Ley de Extinción de Dominio y la nueva legislación sobre compras y contrataciones públicas.

Advierte sobre penas acumuladas

Reynoso destacó que el nuevo Código Penal contempla un régimen de inhabilitación que puede impedir que personas condenadas por actos de corrupción regresen a ocupar funciones dentro del Estado.

La procuradora también advirtió que la comisión de varios delitos puede generar consecuencias acumuladas y que los hechos de corrupción pueden combinarse con otras infracciones, incluyendo aquellas relacionadas con el lavado de activos.

“Un acto de corrupción seguido de otros actos de corrupción, más la ley de lavado de activos, puede llevarlo a una condena en la que dure décadas sin ver la libertad”, sostuvo Yeni Berenice.


Con tono enfático, Reynoso resumió su mensaje con una advertencia dirigida a quienes pretendan aprovecharse de los recursos públicos: “No es un buen momento para los corruptos”.

Yeni Berenice; “Los servidores públicos no reciben regalos”

Uno de los momentos más contundentes de su intervención se produjo cuando abordó la práctica de algunos funcionarios de recibir supuestos obsequios o beneficios de personas interesadas en obtener algún favor desde la administración pública.

Reynoso rechazó que estos beneficios sean considerados simples regalos cuando están relacionados con el ejercicio de una función pública.

“Los servidores públicos no reciben regalos. Eso que algunos dicen, y cuando lo estamos investigando: ‘Magistrada, yo recibí un regalo’. No, usted recibió un soborno”, afirmó Yeni Berenice.

La procuradora explicó que recibir dinero o cualquier otro beneficio a cambio de dejar de cumplir una función constituye un acto de soborno y recordó que la corrupción no debe entenderse como un delito sin víctimas.

Para ilustrar su planteamiento, mencionó el caso hipotético de funcionarios aduanales que reciban dinero para permitir la entrada al país de armas que posteriormente podrían ser utilizadas para cometer delitos.


En ese sentido, sostuvo que la corrupción puede tener efectos directos sobre la población y sobre el desarrollo nacional.


“La corrupción trastoca el desarrollo de los pueblos, porque la corrupción genera millones de víctimas”, expresó Yeni Berenice.


Llama a no firmar documentos sin revisarlos

La procuradora también dirigió un mensaje especial a los integrantes de los comités de compras y contrataciones, a quienes recordó que su responsabilidad no termina con colocar una firma en un documento.


Reynoso pidió a estos servidores públicos leer y verificar cuidadosamente los procesos antes de aprobarlos y rechazó la práctica de firmar documentos simplemente porque un superior o compañero se los solicite.


“A veces: ‘hazme un favor, fírmame’. No firme por firmar, porque después tiene que sentarse en Procuraduría a dar explicaciones”, advirtió Yeni Berenice.


Según la procuradora, cada firma colocada en un proceso de contratación representa una responsabilidad frente al Estado y frente a la ciudadanía.


“Ustedes no solo ponen una firma, en esa firma está el desarrollo del país y está en sus manos”, manifestó Yeni Berenice.

Las decisiones públicas tienen impacto en los ciudadanos

Reynoso sostuvo que quienes trabajan en la administración pública deben comprender que sus decisiones pueden repercutir directamente en la calidad de vida de millones de dominicanos.

Yeni Berenice explicó que una decisión tomada dentro de un proceso de compras puede determinar desde el suministro de medicamentos en un hospital hasta la ejecución de obras de infraestructura y la prestación de servicios esenciales.

“En sus manos, muchas veces tienen ustedes, la posibilidad de detener una muerte, de que alguien vaya a un hospital y tenga medicamentos”, expresó Yeni Berenice.

La procuradora insistió en que la función pública debe ejercerse bajo principios de responsabilidad, transparencia y compromiso con el interés colectivo.

Asimismo, recordó que la rendición de cuentas constituye un principio fundamental de la administración pública y que los ciudadanos tienen derecho a conocer cómo se manejan los recursos y el patrimonio del Estado.

El mensaje de Reynoso se produjo en un contexto en el que las autoridades dominicanas buscan fortalecer los mecanismos de prevención y persecución de la corrupción, con nuevas herramientas legales y mayores controles sobre el uso de los fondos públicos.

Ante los responsables de compras y contrataciones, la procuradora dejó claro que el desconocimiento de un documento firmado no constituye una protección frente a una eventual investigación y que cada funcionario debe asumir plenamente las consecuencias de sus decisiones.

Su llamado fue, en esencia, a ejercer la función pública con responsabilidad y a entender que detrás de cada peso administrado por el Estado existen servicios, obras y necesidades de ciudadanos que pueden verse afectados por una decisión irregular.