El Ministerio Público se rehúsa a pagar un astreinte de más de RD$7.5 millones impuesto a favor de un imputado que reclama un teléfono Samsung valorado en apenas RD$3,200. El equipo se perdió durante la mudanza del antiguo edificio donde funcionaba la Unidad de Bienes Incautados de la Procuraduría General.
Ayer, en la Corte de Apelación, donde el MP recurrió la multa, los fiscales calificaron la decisión de la jueza Patricia Padilla como una desproporción jurídica. De acuerdo a Loyda Peña en el periodico Hoy, pidieron al tribunal revocarla en su totalidad, argumentando que la penalidad desvirtúa el espíritu de la ley y que el conflicto debe resolverse con criterios de responsabilidad patrimonial. La defensa rechazó ese planteamiento y exige que se mantenga la liquidación del astreinte en toda su dimensión, sosteniendo que la decisión ya adquirió carácter firme tras años de incumplimiento.
El MP niega desacato
Los representantes del Ministerio Público sostienen que la negativa a pagar los RD$7,560,000 no responde a un desacato ni a una rebeldía institucional, sino a un hecho de fuerza mayor: la pérdida del dispositivo durante el traslado masivo de oficinas y departamentos hacia la nueva sede.
Los fiscales Jonathan Pérez, Miguel Collado y Arolin Lemos afirman que la jueza Padilla cometió un error grave al ponderar la situación. En su opinión, el tribunal desnaturalizó el carácter conminatorio del astreinte, cuyo fin es romper la inercia de una autoridad, y lo convirtió en una condena. Añaden que, al perderse un bien bajo custodia estatal que no pudo entregarse junto a los otros 15 objetos ya devueltos al imputado, Francisco Álvarez Carbuccia, lo procedente era ordenar el pago del valor comercial del equipo, y no imponer una suma desproporcionada al Estado.
La defensa exige que se cumpla la orden
El abogado del imputado, Jhon Manuel Frías, pidió a la Corte confirmar íntegramente la liquidación. Según explicó, la resolución que fijó la penalidad de RD$20,000 diarios quedó firme porque el Ministerio Público nunca la recurrió a tiempo. Añadió que, tras casi dos años de demora y reclamos sin resultados, las entregas tardías y parciales no eximen al Estado de asumir las consecuencias de su inacción ni de la violación del derecho de propiedad.
Fallo reservado
Tras escuchar a ambas partes, los jueces de la primera sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Doris Josefina Pujols Ortíz (presidenta), Daisy Indhira Montás Pimentel y Rafael Báez García, se retiraron a deliberar. El tribunal reservó su decisión para el próximo 18 de noviembre.
