SANTO DOMINGO.- Los representantes del Ministerio Público de la República Dominicana solicitaron al juez de instrucción especial de la ...
SANTO DOMINGO.- Los representantes del Ministerio Público de la República Dominicana solicitaron al juez de instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega, que envíe a las cárceles de Najayo y La Victoria durante 18 meses a los implicados en los sobornos de Odebrecht.
Pidieron que el empresario Ángel Rondón, acusado de haber canalizado la entrega de los sobornos, sea enviado a la cárcel de La Victoria y que a Najayo vayan Andrés Bautista, Alfredo Pacheco, TemÍstocles Montás, Julio César Valentín, César Sánchez, Radhamés Segura, Máximo D´Oleo, Conrado Pittaluga, Víctor Díaz Rúa, Roberto Rodríguez y Tommy Galán.
El juez Ortega reanudó hoy la audiencia para conocer las medidas de coerción al grupo de funcionarios, políticos y empresarios locales implicados en el caso de los sobornos que la constructora brasileña Odebrecht aseguró haber pagado en el país entre 2001 y 2014.
Ortega reanudó la audiencia tras aplazarla dos veces la semana pasada para que los abogados de los implicados pudieran acceder a las copias del expediente acusatorio.
La audiencia se celebra en la sede de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), hasta donde los imputados fueron trasladados, bajo estrictas medidas de seguridad, desde el Palacio de Justicia, en el centro de la capital, donde están recluidos desde el pasado 29 de mayo.
Entre los diez detenidos están el ministro de Industria y Comercio, Temístocles Montás, el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM, principal de la oposición), Andrés Bautista, y el empresario Ángel Rondón, representante comercial de Odebrecht, señalado por el Ministerio Público como la persona que recibió y distribuyó el dinero.
Dos senadores del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y un diputado del PRM también están imputados, pero no han sido detenidos a la espera de que sus respectivas Cámaras decidan sobre el retiro de la inmunidad parlamentaria.
Otro de los imputados es el ingeniero Bernardo Castellanos, que está fuera del país y ha informado que regresará para enfrentar las acusaciones, aunque esto no se ha producido hasta este momento.
Al grupo, que ha negado, por separado, vinculación alguna con el caso, se le acusa de los delitos de sobornos, asociación de malhechores, prevaricación, desfalco, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
A más de una semana de la imputación presentada por el Ministerio Público, el presidente del país, Danilo Medina, no se ha pronunciado sobre el tema ni ha respondido a la decisión de Montás de poner el cargo a disposición del gobernante.
Por su lado, el presidente del PLD, el exjefe de Estado Leonel Fernández (1998-2000, 2004-2008 y 2008-2012), y el exgobernante Hipólito Mejía (2000-2004), del PRM, han reclamado imparcialidad y transparencia en el proceso.
Las detenciones en el país se produjeron poco después de que República Dominicana recibiera de Brasil los datos sobre los sobornos pagados por Odebrecht en el país, gracias a un acuerdo entre el Ministerio Público y la multinacional, que deberá pagar 184 millones de dólares, el doble de lo que entregó en sobornos para hacerse con contratos de obras públicas entre 2001 y 2014.
Con este acuerdo, Odebrecht se comprometió a revelar los nombres de los beneficiados, a cambio de que sus empleados no sean enjuiciados en este país caribeño.
