La defensa del exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, afirmó ayer que el ministerio público deberá realizar una investigación a ...
La defensa del exministro de
Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, afirmó ayer que el ministerio público deberá
realizar una investigación a fondo de las cuentas del Partido de la Liberación
Dominicana (PLD), ya que los 35 mil millones de pesos en la cuanta del Banco
Popular por la cual está acusado de enriquecimiento ilícito su cliente
pertenecen a esa organización política y nunca fue manejada por él.
Los
doctores Miguel Valerio y Ramón Núñez entienden que se debe realizar una
investigación a fondo, haciendo un ejercicio transparente y justo, tras
considerar que la acusación presentada en contra de Díaz Rúa, no cumple con la
precisión de cargos, ni tampoco tiene fundamento.
Plantearon
al juez de la instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco
Ortega Polanco, que Díaz Rúa fue tesorero del PLD, para todas sus campañas
políticas y que el ministerio público confundió cuentas de campaña con cuentas
personales.
“Según
ellos, en un hecho sin precedentes, Díaz Rúa manejó 35 mil millones de pesos,
nosotros hicimos un ejercicio magistrado. Nos sentamos, sumamos todos los
valores que el ministerio público le atribuía, incluyendo algo que ya está
archivado en este expediente que son cuentas de campaña”, acotaron los
juristas.
Destacaron
que la cuenta corriente del Banco Popular fue abierta el 8 de marzo y cancelada
el 24 diciembre del 2012, la cual fue abierta por Francisco Javier García y
Ramón Rivas, y la firma autorizada de Díaz Rúa, ya que en entonces era el
secretario de finanza de la campaña del PLD.
Secretario de finanzas
Mostraron al tribunal una certificación suscrita por el secretario general del
PLD, Reinaldo Pared Pérez, actual presidente del Senado de la República, en la
cual establece que desde el año 2005, Díaz Rúa en calidad de secretario de
finanzas del PLD, era el encargado en los procesos electorales y que en incluso
hizo uso de varias cuentas del Banco de Reservas y de la cuenta 730515921 del
Banco Popular.
“Magistrados
esta última cuenta es a la que hace referencia el ministerio público, una
cuenta que se utilizó solamente en la campaña electoral del 2006, y nosotros
depositamos la documentación con todos los cheques y no hay ni uno solo firmado
por Díaz Rúa, él tenía derecho a firmar porque era el encargado de finanzas del
2006, como lo fue en la del 2008, 2010 y 2012”, enfatizaron.
La
defensa de Díaz Rúa sostiene además que hay algo más sobre esa cuenta, ya que a
su juicio la misma le sirvió de comodín al ministerio público, al no tener una
historia creíble y sustentable, tras señalar que no solo quieren vincular a su
cliente con esas cuentas y los movimientos de las mismas como si fueran
personales, sino que además quieren vincular a su familia y a su hijo Víctor
Manuel Díaz Guerra y a la compañías Solaris, empresa que se dedica a la
construcción, con una cuenta del BDI.
Valerio
se preguntó que no es justo que, a Temístocles Montás, quien admitiera que
recibió un dinero para la campaña, lo sacaron del expediente y lo archivaron
provisionalmente, mientras que a su cliente le dejen todas esas cuentas de
campaña.
Los
abogados alegaron que Díaz Rúa no incrementó su patrimonio en nada y que el
ministerio público mezcla las cuentas de campañas con el patrimonio del
imputado, además de que el ente acusador tiene serios errores sumatorios en las
declaraciones juradas.
PIDEN UN AUTO DE NO HA LUGAR
Durante el segundo día de réplica a la acusación del ministerio público, la
defensa de Díaz Rúa sostiene que el ente acusador sostiene que la principal
prueba en su contra es la información suministrada por Marco Vasconcelos Cruz al
ministerio público de Brasil, que, sin embargo, en el juicio no lo ofertan
como testigo. Alegaron que ese solo argumento bastaría para que la premisa
inicial del caso sea descartada y por ende el tribunal dictar un auto de no ha
lugar en su favor, desestimando la acusación de que su cliente utilizó su cargo
para recibir sobornos directa e indirectamente a cambio de favorecer a
Odebrecht en la adjudicación de contratos de importantes obras estatales.