Por Néstor Estévez Aunque muchos se empeñan en desconocerlo y hasta en negarlo, el saber popular es inmenso. Eso de “llévame el corte parej...
Por Néstor Estévez
Aunque muchos se empeñan en desconocerlo y hasta en negarlo, el saber popular es inmenso.
Eso de “llévame el corte parejo” se lo escuché a mi padre en diversas ocasiones en que realizábamos alguna labor agrícola en la que, quizás por esa rebeldía que suele caracterizar etapas de la vida, yo procuraba avanzar de manera desordenada alguna encomienda suya. Pero no era de su autoría la expresión. Es de uso generalizado en la ruralidad; es manifestación del saber popular.
En el ámbito del desarrollo territorial ese “llevar el corte parejo” es, más que una norma, una determinante característica de los procesos que implican compartir una visión, un horizonte, una finalidad o cualquier iniciativa que se convierta en meta común para los actores que intervienen en el devenir de una demarcación.
Cuando las acciones que inciden en un territorio no cuentan con participación activa y diversa suelen tener vida efímera y, aunque vayan cargadas de las mejores intenciones, terminan contribuyendo con la fragmentación y el consecuente debilitamiento de los procesos que procuran real mejoría.
Un ejemplo de ese tipo lo tenemos en la creación del Parque Nacional Manolo Tavárez Justo, mediante decreto, en junio de 2011. Así se declaraba como Parque Nacional una zona que incluía territorios ubicados en las provincias Santiago y Santiago Rodríguez.
Aunque entre las consideraciones del decreto se hacía alusión a “preservar los nacimientos de los ríos, y con ello los ecosistemas más valiosos y Ia biodiversidad del país”, aludiendo a las cuencas de los ríos Bao, Ámina, Magua, La Cidra, Mao, Guayubín, entre otras fuentes acuíferas, la decisión tomó por sorpresa a la inmensa mayoría de los pobladores de las zonas involucradas.
Siete años después, con sorpresa similar a la anterior, se declaró inconstitucional el decreto número 371-11, quitando la condición de parque nacional a esa parte de la Cordillera Central. Así lo expresa la sentencia 0905/18, del Tribunal Constitucional.
Entre los motivos del Tribunal Constitucional para considerar como irrazonable el decreto, se refiere que “la medida afectó una extensión superficial de 351.87 kilómetros cuadrados, sin considerar las 40 comunidades y centenares de familias que habitan allí desde tiempos inmemoriales, como propietarios, ocupantes o simples poseedores, y colocándolas en situación de vulnerabilidad e incertidumbre”.
Desde que se dio a conocer la decisión del Tribunal Constitucional, diversas entidades se han manifestado en favor de la restitución del área protegida. Como suele ocurrir, algunas se han sentido por su alta incidencia mientras otras suenan tan bajas que no llegan a ser percibidas.
Estamos ante un caso que, más que conflicto entre partes, es asunto de vida, de sustentabilidad. En consecuencia, nos atañe de manera colectiva. Es mucho más que asunto de un Decreto, de una Ley. Es asunto de tomar en cuenta que, en tiempos de tanta individualización y acumulación desigual de los recursos, se impone construir consenso de cara a lograr objetivos compartidos.
Organismos internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo, plantean tres características fundamentales para la elaboración de una estrategia de desarrollo territorial: 1. Que valore las oportunidades económicas. 2. Que sea compartida por los diferentes actores territoriales, públicos y privados, desde sus diferentes perspectivas y aportes, en lugar de presuponer que la solución proviene de una iniciativa externa. Y 3. Que tenga una visión del territorio y no solo un diagnóstico de problemas.
En los propios Objetivos de Desarrollo Sostenible, de Naciones Unidas, encontraremos de manera recurrente la referencia a la inclusion. Es que el real desarrollo implica convergencia entre los diferentes actores públicos y privados, como direccionamiento de lo que se debe perseguir y del tipo de territorio que se espera construir.
La adecuada gestión del territorio debe contar con integración de autoridades gubernamentales, pobladores, sector privado y academia. En este caso concreto implica participación activa de: gobierno, habitantes de las cuencas directamente involucradas, habitantes de las poblaciones beneficiarias de las cuencas, inversionistas ecoturísticos, fabricantes de casabe, agricultores, ganaderos, apicultores, especialistas, organizaciones medioambientales y cualquier otro sector que demuestre real compromiso de cara a la sustentabilidad.
La participación es fundamental para lograr desarrollo territorial sostenible. Solo con adecuados canales de deliberación colectiva y visión compartida, comprendida y apropiada, lograremos llevar el corte parejo.
