SANTO DOMINGO.- La Comisión de Asuntos Fronterizos de la Cámara de Diputados recibió este martes a diferentes actores del sector empresarial...
En la reunión, estuvo presente el presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Celso Juan Marranzini, quien aseguró que existe una competencia desleal entre las empresas que están instaladas en la zona fronteriza y que, por “los espacios en blanco” que figuran en la iniciativa, muchas empresas evaden pagar impuestos y obtienen beneficios ilegales.
En respuesta tajante ante las afirmaciones de Marranzini, replicó el presidente de la Asociación de Empresas Fronterizas (ADEFRO), José Luis Taveras, al asegurar que lo dicho por Marranzini “no es real” porque, dentro de la Ley, las empresas que operan en la frontera están reguladas y pagan impuestos.
Taveras confirmó que “ciertamente hubo casos aislados” de evasiones fiscales cuando se aprobó la Ley en el 2001, pero, según el titular, “ya no ha habido incidencia de esa práctica irregular en la frontera”.
De su lado, Marranzini afirmó que las observaciones que hace el sector empresarial a la Ley están inclinadas hacia su redacción porque, a decir del empresario, “con una redacción menos específica, se da paso a la competencia desleal entre las empresas”.
Ante esto, Taveras dijo que los obstáculos impuestos por los empresarios “sólo buscan retrasar la aprobación de la Ley” porque por 19 años el sector empresarial se ha opuesto a la normativa de desarrollo fronterizo.
Marranzini repuso que “no está opuesto” a la Ley y agregó que sus visitas a la Cámara de Diputados buscan esclarecer algunos puntos de iniciativa para evitar las distorsiones y competencias desleales.
“El desarrollo integral es real, pero hacen falta proyectos de infraestructuras que son claves para que en la zona fronteriza haya un mayor desarrollo y así atraer a empresas que sean sostenibles con el tiempo”, comunicó Marranzini.
En ese sentido, Taveras adelantó que en caso de no extender la Ley de Desarrollo Fronterizo, los empresarios que hacen vida económica allí se verán obligados a emigrar. “Hay muchos costos por ser una región remota, con pobreza, sin empleados calificados, y todo eso representa un factor de inviabilidad para el sostenimiento de las empresas”, aseveró.
El presidente de la Comisión, diputado Bertico Santana, confirmó que existen diferencias entre los empresarios para encaminar la iniciativa que conocen, pero aseguró que organizará varias reuniones para lograr un consenso entre los legisladores y el empresariado.
El diputado Darío Zapata, miembro de la comisión, también se unió a las disparidades de los empresarios y aseguró que éstos “se quejan por la desigualdad, la competencia desleal y las exenciones fiscales diciendo que no hay equidad”.
Ante esto, Zapata manifestó que el empresariado “no puede comparar” las empresas que están en zonas metropolitanas con las empresas fronterizas, agregó que es la Constitución la que ordena el desarrollo de la frontera y declaró que “los empresarios le tienen miedo a esta Ley”.
Según la Ley 28-01, la extensión del desarrollo fronterizo está vigente hasta febrero del 2021 y, por tanto, los legisladores se proponen estudiar una posible amplitud por 30 años adicionales de la normativa y someter modificaciones que pudieran perfeccionar la pieza.
