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Obligatoriedad o no de vacuna anticovid genera debate en la República Dominicana


Expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) han expresado que es mejor alentar y facilitar las vacunaciones anticovid sin que sean obligatorias y que sea de cada país la decisión de definir si son un requisito, un tema que en la República Dominicana ha generado opiniones encontradas, y que Salud Pública ve como un asunto legal.

La Ley General de Salud de la República Dominicana establece que toda persona física debe cumplir diligentemente las disposiciones legales y reglamentarias dictadas para el control de las enfermedades transmisibles en la población como el COVID-19.

El artículo 69 de la ley autoriza al Ministerio de Salud Pública a determinar las medidas necesarias para proteger a la población. En el caso del COVID-19, desde el Gobierno se insiste en que la gente se vacune y se han hecho esfuerzos para adquirir las dosis en un mercado acaparado por las grandes economías.

Sin embargo, el escepticismo, las teorías de conspiración, los movimientos antivacunas e interpretaciones religiosas han ganado terreno. El mismo presidente Luis Abinader atribuyó el actual incremento de los casos de COVID-19 en el Gran Santo Domingo y San Cristóbal a que mucha gente no se ha vacunado.

Hasta el momento, el Gobierno ha recibido 5,646,400 dosis de vacunas anticovid, y al 1 de junio se había aplicado el 79 % de esas dosis a nivel nacional. La población completamente vacunada hasta esa fecha ascendía a 1,142,655 personas.

Fue el 16 de febrero del presente año cuando se comenzó el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, y la meta es concluir antes de finalizar el 2021 con la inoculación de 7.8 millones de adultos en las primeras tres fases de dicho plan.

“El Gobierno no solo puede disponer la obligatoriedad de la vacuna en el caso del COVID-19. Está facultado además para tomar una serie de decisiones como las que ha venido adoptando”, asegura el abogado constitucionalista Cristóbal Rodríguez. El jurista apoya su declaración en la misma Constitución y en la Ley General de Salud.

Michael Ryan, director de emergencias de la OMS, dijo en diciembre de 2020: “Tenemos que convencer y persuadir a las personas y hablar con ellos sobre esto. Hay circunstancias específicas en que los gobiernos tendrán que exigir estos requisitos de las vacunas, pero todos los que trabajamos en salud pública quisiéramos evitar que esto se convierta en un medio general para lograr que la gente se inmunice”.

El artículo 64 de la Ley General de Salud 42-01 establece que es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública “garantizar a las poblaciones correspondientes las vacunas obligatorias, aprobadas y recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y los organismos nacionales competentes, según el perfil epidemiológico del país”.

Agrega que “son obligatorias las vacunaciones y las revacunaciones” que el Ministerio ordene, y que estas serán practicadas con los productos autorizados por la institución y de acuerdo con las técnicas internacionalmente establecidas.

Aunque la misma ley indica que todas las personas tienen el derecho a decidir, previa información y comprensión, sobre su aceptación o rechazo de asumir el tratamiento en relación a su salud, también establece que “se exceptúan de esta disposición los casos que representen riesgos para la salud pública”.

En el artículo 29, cita como una obligación, “cumplir con las prescripciones generales de carácter sanitario comunes a toda la población, así como también con las prescripciones específicas señaladas por las autoridades sanitarias”.

Este mismo artículo también dice que es una obligación de la población “colaborar con las autoridades de salud, auxiliando su acción, cumpliendo sus instrucciones y evitando acciones u omisiones que interfieran con las acciones de salud o retarden su cumplimiento”.

En esta semana los senadores Dionis Sánchez y Antonio Marte presentaron un proyecto de resolución que busca que el presidente Abinader disponga la prohibición de entrada a lugares públicos y privados y otros sitios a personas que no hayan sido vacunadas contra el COVID-19.

Además que, para poder usar el transporte público, los pasajeros tengan que mostrar sus tarjetas de vacunación.

El alcalde de Santiago, Abel Martínez, ha informado también que está contemplando impedir el acceso a los espacios públicos municipales a las personas que no presenten la tarjeta de vacunación.

“Si el Gobierno decidiera hacer obligatoria la vacunación contra el COVID, dispone de una amplia base constitucional y legal para sustentarla”, asegura el abogado Rodríguez.

Sin embargo, el exdiputado y abogado Pelegrín Castillo entiende que no se puede imponer la vacunación, y que lo que debe hacer el Gobierno es un mejor esfuerzo para convencer a la gente de que se vacune.

“Todavía no he visto video explicando sistemáticamente y en forma convincente ventajas y riesgos de vacunarse y de no hacerlo”, escribió Castillo en su cuenta de Twitter.

En la resolución 1/2021 adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se recomienda a los Estados realizar campañas públicas para contrarrestar la desinformación o los contenidos distorsionados sobre las vacunas, para asegurar la disponibilidad y accesibilidad de información adecuada y suficiente sobre las vacunas.

“Dado que un factor importante de la desinformación se relaciona con los efectos secundarios de las vacunas, los Estados están obligados a proveer la información disponible sobre este aspecto, atendiendo las dudas en torno a la seguridad y efectividad de las vacunas”, indica la resolución.

“Tenemos que convencer y persuadir a las personas y hablar con ellos sobre esto -la vacunación-”

¿Se puede exigir la vacuna a empleados?

Rodríguez cerró una serie de publicaciones en Twitter argumentando que el artículo 62 de la Constitución “parece prestar fundamento a una respuesta afirmativa” al prever que “es obligación de todo empleador garantizar a sus trabajadores condiciones de seguridad, salubridad, higiene y ambiente de trabajo adecuados”.

“Esas condiciones de seguridad y salubridad no se garantizan si unos empleados pueden contagiar a otros por no haberse vacunado”, asegura.

El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, dijo que conoce de empresas que le han dicho a su personal que tienen un plazo para vacunarse o no puede seguir vinculado a ella. “Eso lo he visto, pero no es ni lo podemos hacer por decreto, ni por el Estado, tomar este tipo de decisión, son recomendaciones”, dijo.

Mediante una resolución, el Ministerio de Trabajo instruyó el martes pasado a los empleadores a que otorguen “permisos y facilidades” a sus trabajadores para que estos acudan a la jornada especial de vacunación contra el COVID-19 que desarrolla el Gobierno desde el jueves 3 al domingo 6 de junio en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo y San Cristóbal.